Ante la denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) que documentó un doble pago por 36 millones de pesos del gobierno de Javier Corral para adquirir un software en la plataforma de Recaudación de rentas que no funcionó; el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) debe ir hasta las últimas consecuencia, destacó Mario Vázquez coordinador de la bancada panista en el Congreso local.
Tal y como desde el Poder Legislativo se han evaluado los informes de cuentas públicas y analizado casos que solicitaron trámites de juicios políticos, al TEJA corresponde resolver sobre estas observaciones, fallas, omisiones o complicidades, puntualizó Vázquez Robles.
Lo anterior a propósito de la observación 026 del Informe Técnico de Resultados de la Cuenta Pública de 2018, en el cual la ASE expuso que la Secretaría de Hacienda del Estado pagó dos contratos entre 2016 y 2017 para que una empresa instalara el software en todas las oficinas de Recaudación, que desde el primer año arrojó fallas y concluyó la administración sin que operara de manera óptima.
En enero de 2021, la Auditoría Superior interpuso la denuncia correspondiente ante el TEJA, que hoy sesionará para emitir un fallo al respecto y por ello, el legislador subrayó que “debe sancionarse a quienes cometieron los errores, ya que el servidor público solamente está facultado para hacer lo que la ley expresamente señala”.
Y es que al detectarse las fallas en el software que instalaría el proveedor, identificado como Tecnología de Gestión y Comunicación (TGC) S.A. de C.V. al cual se pagó inicialmente la cantidad de 18 millones 176 mil 68 pesos, al año siguiente (en 2017) se le volvió a pagar para subsanar las “brechas tecnológicas” con un contrato de 17 millones 686 mil 172 pesos. No obstante, el objetivo de actualizar el sistema recaudador en la entidad no se alcanzó.
De acuerdo con el informe de la ASE, se notificó de los problemas en la aplicación del software a José Alfredo L., exdirector de Sistemas del Gobierno del Estado, quien aseguró que la compañía había instalado correctamente el servicio y funcionaba a cabalidad, lo que impidió ejercer cualquier acción legal contra el prestador del servicio y reclamar garantía alguna.
A partir de ello, se emitieron las observaciones de la ASE a la cuenta pública de la administración estatal en 2019, las cuales fueron aprobadas por el Congreso del Estado y canalizadas en enero de 2021 ante el Tribunal de Justicia Administrativa, que finalmente programó este caso en la orden del día en la sesión del día de hoy para emitir una resolución, que de ser favorable a la Auditoría inhabilitaría al exfuncionario de la función pública y obligaría a una sanción económica.
Cabe mencionar que ante la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado, se presentaron cinco demandas de juicio político contra el ex mandatario, Javier Corral, tres por el ciudadano, Gerardo Cortinas Murra, de las cuales en la que presentó el 31 de mayo del presente año se desistió por no permitirle participar en la sesión de comisión y en las otras dos presentadas el 26 de agosto por supuesta intromisión en el poder judicial y por presuntas omisiones en el adeudo en pensiones civiles del Estado, le fueron desechadas por falta de elementos probatorios.
Otra denuncia fue interpuesta el 30 de agosto de este 2022 por el magistrado, Gabriel Sepúlveda, sin embargo por ser un caso juzgado por la Corte, también se desechó por parte de la comisión.
Solo queda en comisión del Congreso local resolver si la denuncia interpuesta el 2 de septiembre del año en curso por el empresario Otto Valles, por presunta duplicidad de nacionalidad da entrada en la comisión para iniciar el procedimiento de juicio político.
Hasta el momento según la página oficial del Congreso local, aún no hay fecha de reunión de comisión jurisdiccional para resolver sobre la demanda de juicio político del empresario Valles.
