Muchos sin hablar el español y otros sin comprender el delito, 385 indígenas están recluidos en penales de Cuauhtémoc y Guachochi, la mayoría son hombres y desconocen incluso que alcanzarían la preliberación, ya que sus abogados de oficio dejan de contestarles el teléfono en cuanto ingresan. Para María Regina Espino, originaria de Norogachi y quien semanas atrás, asumió el cargo en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) como intérprete en los centros penitenciarios, será una labor minuciosa, de caso por caso, ya que además de la barrera del idioma, implica que la persona entienda la Ley de “los chabochis” (mestizos), porque en sus usos y costumbres no se penalizan las mismas cosas y eso permea en todo el proceso, pues no saben defenderse. Espino, apoyada con las traductoras indígenas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), confía en que de este modo se cierre la pinza para que rarámuri, zapotecas, tepehuanes y guarijíos no entren a celdas y se tire la llave.
El pasado 30 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) integró a sus filas a una traductora y el anuncio lo hizo el propio secretario, Gilberto Loya, quien detalló que la integración es para tener un mayor entendimiento de las personas privadas de la libertad que son originarias de pueblos indígenas y en exclusiva narra a El Sol de Parral su labor al frente de los 11 Centros Penitenciarios de Chihuahua.
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Originaria de Norogachi, Guachochi, María Regina Espino Moreno dijo que actualmente, son 385 personas detenidas que pertenecen a un grupo étnico, de las cuales el 92 por ciento son rarámuri y es por ello que no entienden bien el español o que, de plano, no lo hablan, siendo en ese momento cuando entra su labor de intérprete y fue por ello que recibió la invitación; sin embargo, reconoció que algunos de ellos saben lo que hicieron, pero no conocen sus derechos.
Mencionó que en aquellos casos en los que los conceptos jurídicos se complican, buscan la manera de acercarse a la información más correcta y precisa, ya que hay palabras que no tienen definición en Tarahumara y es justo cuando más se requiere que entre la figura que implementó la SSPE.
Dijo que ya ha tenido acercamiento en algunos Centros Penitenciarios, como en Cuauhtémoc y en el femenil, que se ubica en Chihuahua capital, donde manifestó que la mayoría de los reos le han comentado que sus abogados no hacen presencia cuando les requieren o les marcan y no contestan, por lo cual los abandonan y los dejan a “su suerte”.
“Hay personas que saben sus derechos y ellas no se acercan, pero hay muchos que tienen dudas y son quienes piden la ayuda y nosotros les ayudamos para agilizar sus procesos mientras se encuentran recluidos al interior de los penales”, manifestó Regina.
Señaló que hay un caso en particular en el que un reo de Cuauhtémoc desde hace un año cumplió con su pre liberación, pero no conocía de esto y ahora con su llegada comenzó con agilizar el proceso, ya que él lo desconocía.
“Es una satisfacción muy grande el poder hacer algo por ellos, estoy agradecida con la gobernadora Maru Campos Galván y con el secretario Gilberto Loya por la invitación que me hicieron e integrar una de las figuras más importantes”, indicó la traductora.
Claudia Arlett Espino, directora general del área jurídica de la SSPE y quien durante su trayectoria laboral y académica ha defendido las causas de los pueblos originarios, informó que con Regina se inició un grupo disciplinario en la Secretaría en el que integraron a siete personas que son de origen indígena.
Explicó que se tiene una recomendación, siendo la 132 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tiene que ver con informes que se presentan, siendo estos dos tipos de informes uno nacional y uno estatal, que es sobre los Centros de Reinserción Social y se está a la espera de un informe por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que como parte de las observaciones es justamente que las personas, los “ppls” como les llama el propio sistema penitenciario es personas privadas de la libertad, quienes se auto escriban como indígenas se les cumpla con la normativa internacional y nacional.
Es decir, dijo que dichas personas deben tener un acompañamiento, el cual va desde la lengua hasta justamente que tengan una defensa adecuada. Por lo que se requiere de una perspectiva intercultural, que significa que bajo el conocimiento de la propia cosmovisión indígena en general, pero del conocimiento del pueblo y la comunidad a la que pertenece dicha persona puedan ser acompañados en cualquier procedimiento o juicio.
Argumentó que así lo establece la ley general, además de derechos lingüísticos del país y en atención a esa recomendación 132 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que el Secretario tuvo a bien el ir en cumplimiento y uno de ellos es tener traductores intérpretes que coadyuven en el sistema penitenciario e inclusive en todas las Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.
Manifestó que dicho grupo interdisciplinario estará atendiendo llamadas inclusive 911 ya tres de ellas se encuentran ubicadas en Cuauhtémoc en el área de C7, dos de ellas en otra de las Subsecretarías que es de prevención o en su caso en el área jurídica.
“En cualquier momento, pues tendrán que estar acompañando una persona que maneje la lengua pero que también conozca de la cosmovisión, por eso se le llama traductor intérprete, no solamente traduce la lengua, sino interpreta la cosmovisión entonces ese el paradigma, el cambio de ideas que viene a incorporar este grupo en el cual Regina estará al frente de él dentro de la Dirección de Derechos Humanos que encabeza Ulises Pacheco”, señaló la directora general del área jurídica de la SSPE.
En cuanto a las cualidades de Regina para desempeñar su rol, señaló que cuenta con conocimientos y habilidades que son óptimas para el cumplimiento de esta recomendación para liderar el grupo además porque es traductor intérprete certificada por parte del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y tiene una amplia experiencia en contacto con ciudadanía, en este caso con comunidades indígenas ya que ha trabajado en diferentes áreas de tanto de gobierno federal como de gobierno local.
Dijo que ha estado involucrada en defensa de derechos dentro de esa experiencia, el conocimiento de la cosmovisión es indudable ya que ella pertenece a una familia de gobernadores indígenas, de traductores intérpretes, de artesanos por lo que su integración plena a la comunidad le da un conocimiento de dicha cosmovisión de los pueblos indígenas en el país por su experiencia laboral, pero interiorizada a un pueblo y a una comunidad específica en la rarámuri de la sierra.
“Su padre en este momento es gobernador indígena, conoce el trabajo en comunidad y entonces toda esta cosmovisión es la que permite a ella guiar a este grupo interdisciplinario que estamos pues integrando dentro de la Secretaría de Seguridad Pública al mando de nuestro Secretario, Gilberto Loya”, manifestó Espino.
385 reos indígenas en el estado de Chihuahua
Datos proporcionados por la SSPE detallan que en los 11 Centros de Reinserción Social con los que se cuenta en Chihuahua, al menos 385 Personas Privadas de la Libertad pertenecen a un grupo étnico, siendo el de Cuauhtémoc y Guachochi los que concentran el mayor número.
La etnia que mayor registro de presos tiene es la rarámuri con el 92 por ciento de los presos, es decir, 356 personas, seguido de tepehuán con 22, mientras que indígenas sureños son 5, zapoteca y guarojío con uno cada uno, respectivamente.
Respecto a los Ceresos, el número 1 de Aquiles Serdán y que es para hombres y mujeres cuenta con 45 PPL; el 2 de Chihuahua capital tanto varonil y femenil tiene 15; el 3 de Ciudad Juárez cuenta con 8 PPL y el 4 de Parral con 15 personas de alguna etnia indígena. El 5 de Nuevo Casas Grandes, el femenil 2 y el CERSAI 2 tienen uno cada uno. En tanto, el CERSAI 1 y el femenil 1 tienen 5 y 3, respectivamente.
En el caso del Cereso 8 de Cuauhtémoc es el que mayor población tiene de alguna etnia con 146 PPL de los cuales 135 son rarámuris y 11 tepehuanes. Para el caso de 7 con sede en Guachochi, un municipio serrano, se albergan a 144 reos de los cuales 139 son rarámuri, 2 tepehuanes y 2 indígenas sureños, además de un guarijío.
Oportunidades en el Cereso de Guachochi
Apenas en el presente año, un total de 66 reclusos, en su mayoría de la etnia rarámuri, quienes se encuentran internos en el Centro de Reinserción Social No. 8 de la Sierra Tarahumara, ubicado en Guachochi, recibieron sus constancias de alfabetización o certificados de primaria y secundaria al concluir sus niveles de educación básica.
La ceremonia se realizó al interior del penal en coordinación con el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA), quienes instalaron los grupos de estudio para ofrecer la atención educativa a quienes, por cualquiera que sea la razón, deben permanecer internos purgando una condena.
En el evento se entregaron 15 constancias de alfabetización indígena, 14 de alfabetización en español y 30 constancias a quienes ya dominan la lecto-escritura y las matemáticas básicas, además de 7 certificados de primaria y secundaria a los jóvenes y adultos que permanecen dentro del centro penitenciario.
Hubo un reconocimiento especial a 7 internos que, por su nivel educativo superior al básico, se sumaron voluntariamente para brindar asesorías en el mismo lugar.
Durante el tiempo que están recluidos y dentro de las actividades que realizan en el CERESO, los internos acuden a los círculos de estudio que brinda el ICHEA para tomar sus clases que van desde la alfabetización hasta la educación básica, motivados por salir del lugar con un documento oficial que les permita conseguir empleo y empezar una nueva vida para ellos y sus familias.
La ceremonia fue animada por el grupo de danza “Águila en vuelo” originarios de la comunidad, y un grupo musical integrado por los mismos internos, quienes interpretaron algunas melodías, así como la representación de la lucha rarámuri.
Nota: El Sol de Parral
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