De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema Justicia Penal, presentada el 1 de abril, tres de cada 10 menores recluidos en Centros de Reinserción Social en la entidad refirieron que existe corrupción dentro del centro donde cumple una sentencia, pues para tener ciertos "privilegios" deben pagar distintas sumas de dinero.
Dicha estimación es mayor a la de 2021, cuando se informó que por cada diez menores recluidos, dos refirieron corrupción en los centros.
Esta encuesta se llevó a cabo en distintas zonas del país, y para el estado de Chihuahua se establece que en los últimos 12 meses previos (a 2022) la corrupción más frecuente es el cobro por brindarles servicios, bienes o permisos.
Entre los principales cobros que se hacen a los menores dentro de los centros de reclusión se encuentra el pago por llamadas telefónicas, por recibir visitas o por ingresar alimentos.
La ENASJUP 2022 estima que de la población de menores de 18 años con medida de internamiento que refirió corrupción, un 23% dijo que pagó dinero para tener acceso a un teléfono.
Un 20% pagó por tener aparatos electrónicos en la celda; un 19% dijo que sus visitantes pagaron para ingresar alimentos.
Además, un 17% pagó para que se le cambiara de dormitorio y 14% pagó para que se les brindara protección.
En estos casos se presenta un aumento respecto a la encuesta realizada en 2021 donde se refiere que dos de cada diez de los menores dijeron haber participado en un acto de corrupción para obtener ciertos beneficios.
La misma encuesta abarca otros delitos dentro de la victimización en centros de reinserción, donde 3 de cada diez adolescentes con medida de internamiento son víctimas de algún delito.
De quienes refieren estos actos, 80% dijo haber sido víctima de robo de objetos personales, en al menos una ocasión.
Además, un 26% fue víctima de lesiones, 11% de extorsión y un 10% de delitos sexuales.
En este punto se hace referencia a que los menores aseguraron haber sido víctimas de más de un delito, por ello es que la cifra sobrepasa el 100%.
Por otra parte, la encuesta indica que si bien existe un aumento en cuanto a lo que se refiere en el ejercicio anterior (2021) esto puede ser relativo, dado que las cifras se basan en las respuestas que emiten los menores.
Se indica que, por una parte, existe la posibilidad de una cifra negra, pues puede existir temor de los adolescentes debido a que en el caso de corrupción, ellos mismos participan (pagan) por los beneficios.
En otros delitos como lesiones, robo o agresiones sexuales, también se considera que la cifra podría ser mayor, debido a que por miedo no aceptan que fueron víctimas.
Pese a ello, estas encuestas tienen como objetivo visibilizar las condiciones de los menores que cumplen con una medida de prisión por algún delito.
Por lo anterior, no se trata de un elemento probatorio (legalmente) de dichas condiciones al interior de los centros.