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Vivienda digna, apoyo alimenticio, educación y oportunidades laborales son algunas de las promesas que se les han hecho a las víctimas de desplazamiento forzado interno en Chihuahua. Los apoyos que les otorgan para sortear la situación son mínimos, la mayoría de las promesas siguen siendo una ilusión.
La defensa del territorio en la Sierra Tarahumara les ha costado sangre, dolor y sufrimiento, todo ello para impedir la tala ilegal y la deforestación del bosque, fuente de vida.
Los grupos delictivos que mantienen presencia en la zona serrana, operan de manera distinta, sin embargo el objetivo es el despojo para controlar el territorio y saquear la madera.
La situación ha dejado un saldo de al menos 30 líderes indígenas asesinados y cientos de familias desplazadas.
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Un censo real de personas desplazadas no existe, dado que las víctimas no denuncian por miedo, porque continúan en el entorno violento y porque las amenazas son constantes.
Margarita es una de las personas desplazadas, quien lamentó haber tenido que salir huyendo y dejar todo su patrimonio, hace unos meses con apoyo del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres acudió a su propiedad, una huerta manzanera de la cual ahora los criminales disfrutan de las ganancias.
Margarita era la esposa de Cruz Soto Caraveo, activista y comisariado ejidal de Monterde, en el municipio de Guazapares, uno de los primeros casos de personas desplazadas, desde el 2014 salieron de su hogar. Está a punto de cumplir 10 años en desplazamiento y aún no existen las condiciones para regresar.
El secuestro del hermano de Cruz y posterior muerte fue el inicio de su sufrimiento, a la víctima le colocaron una pancarta con una amenaza de muerte dirigida para Cruz Soto, quien durante años había exigido a las autoridades la aprehensión de los integrantes del grupo criminal.
Margarita recuerda que un día unos hombres armados se metieron al rancho y se trasladaron a la capital, pero fueron migrando de ciudad en ciudad para trabajar en el campo como jornaleros en la pizca de chile, cebolla, tomate, manzana. Fue hasta el 2017 que empezaron a recibir apoyo.
La salud de doña Margarita se deterioró tras el homicidio de su esposo, padece diabetes e hipertensión, tiene afectada la vista y ello le impide seguir con su actividad de costura, con lo cual saca recursos para sobrevivir.
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“Es muy triste porque nosotros no teníamos por qué haber salido, teníamos una huerta de manzanas y duraznos, animales, un establo para leche y queso, una granja de puercos”, relató. De eso ya no queda nada, pues la casa está muy deteriorada, de los 2 mil árboles frutales que existían quedan 800, todos con bastante fruto y cada año los criminales llegan a la pizca, incluso van y la venden a San Rafael. Cada temporada obtenían alrededor de 300 mil pesos por la cosecha.
“No hay posibilidad de regresar porque quienes nos violentan siguen ahí”, refirió Margarita.
Ahora sólo espera que verdaderamente exista la reparación del daño y que saquen a las personas malas de allá. “No es justo que ellos vendan la manzana, es un dinero que sale de ahí, mientras que nosotros seguimos batallando”.
A Margarita le brinda la CEAVE una despensa de mil 500 pesos mensuales.
