/ martes 26 de octubre de 2021

Urge una Ley de Juicio Político: diputado García Cantú

El más alto tribunal del país determinó la inconstitucionalidad del decreto, únicamente por vicios en el proceso legislativo y no por su contenido, externó el diputado

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriel Ángel García Cantú, presentó iniciativa con carácter de decreto, a fin de crear la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua.

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Detalló que esta iniciativa se presenta con la finalidad de que se cuente con una ley que sea parte del marco normativo para aplicar el Estado de Derecho, para dar certeza a los ciudadanos de que los malos servidores públicos tendrán consecuencias, “ya que el vacío legal que hasta actualmente existe, deja en un estado de incertidumbre a aquellos ciudadanos o a la autoridad misma, que pretenda iniciar un proceso en contra de funcionarios públicos”.

Recordó que en fecha 10 de marzo del año 2018 fue publicada en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua.

Posteriormente un grupo de diputados de las diversas fuerzas políticas acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar una Acción de Inconstitucionalidad por el proceso legislativo que se llevó a cabo para aprobar el dictamen que dio vida jurídica a la citada ley.

En virtud de lo anterior fue declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fecha 27 de julio de 2020. Al emitir Resolución en la Acción de Inconstitucionalidad 43/2018, promovida por Diputados de la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado de Chihuahua al declarar la invalidez del Decreto LXV/EXLEY/0733/2018 por el cual se expide la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua.

“El más alto tribunal del país determinó la inconstitucionalidad del decreto, únicamente por vicios en el proceso legislativo y no por su contenido”, externó el diputado.

Por lo que en la actualidad –dijo-, nuestro estado no cuenta con una ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, con la cual se pueda garantizar el efectivo ejercicio del servicio público.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriel Ángel García Cantú, presentó iniciativa con carácter de decreto, a fin de crear la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua.

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Detalló que esta iniciativa se presenta con la finalidad de que se cuente con una ley que sea parte del marco normativo para aplicar el Estado de Derecho, para dar certeza a los ciudadanos de que los malos servidores públicos tendrán consecuencias, “ya que el vacío legal que hasta actualmente existe, deja en un estado de incertidumbre a aquellos ciudadanos o a la autoridad misma, que pretenda iniciar un proceso en contra de funcionarios públicos”.

Recordó que en fecha 10 de marzo del año 2018 fue publicada en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua.

Posteriormente un grupo de diputados de las diversas fuerzas políticas acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar una Acción de Inconstitucionalidad por el proceso legislativo que se llevó a cabo para aprobar el dictamen que dio vida jurídica a la citada ley.

En virtud de lo anterior fue declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fecha 27 de julio de 2020. Al emitir Resolución en la Acción de Inconstitucionalidad 43/2018, promovida por Diputados de la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado de Chihuahua al declarar la invalidez del Decreto LXV/EXLEY/0733/2018 por el cual se expide la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua.

“El más alto tribunal del país determinó la inconstitucionalidad del decreto, únicamente por vicios en el proceso legislativo y no por su contenido”, externó el diputado.

Por lo que en la actualidad –dijo-, nuestro estado no cuenta con una ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, con la cual se pueda garantizar el efectivo ejercicio del servicio público.

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