Los hechos recientes en el Cereso de Ciudad Juárez obligan a impulsar mecanismos legales que garanticen la gobernabilidad en el Sistema Penitenciario, pero también que se sumen a los esfuerzos que realiza el Gobierno del Estado por un control total, así lo informó el diputado Omar Bazán Flores, tras presentar una iniciativa con carácter de Decreto con el propósito de reformar la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua.
"Buscamos anexar en el artículo 4, la obligatoriedad de un diagnóstico actualizado del desempeño de las auditorías de cumplimiento del reglamento de los centros penitenciarios", agregó.
Indicó que las autoridades deben responder a los procesos de auditoria con Informes formales y estructurados, presentaciones orales formales y estructuradas con documentación de apoyo, resúmenes semanales en la forma de boletines y sesiones informativas Ad-hoc para los equipos de inteligencia e investigación que operen en el interior.
Actualmente, si bien existe un marco constitucional robustecido, para la operación de Centros Penitenciarios, no hay una implementación correcta debido a problemas multifactoriales, añadió el legislador.
Es por lo anterior que considera necesario fomentar un programa de despresurización que permita, sin demérito de los requisitos exigidos, mayor agilidad en el otorgamiento de beneficios preliberacionales (libertad condicionada y libertad anticipada) así como la sustitución de la pena privativa de libertad y revalorar la pertinencia de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.
En la exposición de motivos, abordo los indicadores del “Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional”, que expide la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, que aborda altos índices de población privada de la libertado.
En específico, en Chihuahua existían, 8761 personas privadas de su libertad, con corte a mayo de 2022, de las cuales 7,866 son del fuero común y 895 del fuero federal. En nuestro Estado existen 8 Centros Regionales de Readaptación Social y 1 Centro de Reinserción Social, para contar con un total de 9 centros penitenciarios.
Existía un Centro Federal de Readaptación Social que fue cerrado en diciembre 2020 tras ocho años de funcionamiento, por no reunir las condiciones de seguridad. Posteriormente, fue donado al estado, sin que la fecha se utilice, dado que no se dejó en condiciones de uso, ni con presupuesto para su operación.
En Chihuahua se cuenta con 9 centros penitenciarios, ninguno de ellos con la calificación de alta seguridad, con 7,386 espacios en total y una sobrepoblación de 1,375, que representa el 18.62% y como ya se explicó el 10.22% son personas privadas de la libertad que corresponden a la jurisdicción federal.
Se destaca que no existe una clasificación de grado de peligrosidad de las personas privadas de la libertad, que permita la toma de decisiones efectivas para su reclusión adecuada, a fin de no poner en riesgo la vida de los demás internos y custodios.
La situación de crisis no es exclusiva del Estado de Chihuahua, sino que existe en todo el país, a causa de políticas e inversiones insuficientes en el sistema.
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