Ante el aumento en los índices de violencia que se registran a lo largo del país, en el Congreso del Estado se propuso tipificar el delito de leva; es decir, cuando un particular priva de la libertad a otro con el objetivo de que se adhiera a una organización delictiva, obligándolo a trabajar para él o un tercero.
A través de este delito, se pone en riesgo la integridad de la persona privada de la libertad, pues es constantemente amenazado y obligado a realizar actividades delictivas pese a no estar de acuerdo; sin embargo, al encontrarse en una posición de inferioridad, le resulta imposible salir de ahí.
Por lo anterior, se busca reformar el Código Penal del Estado para adherir este delito en el artículo 170 bis, imponiendo una pena entre diez y quince años de prisión, así como una multa de mil a mil quinientos días. En caso de que la víctima sea menor de edad, se impondrá una mitad adicional de la pena mínima o máxima.
Esta propuesta nace por parte del legislador del Partido Revolucionario Institucional, Omar Bazán Flores, quien señala la falta de actuar por parte de las autoridades a nivel nacional y estatal, motivo por el cual plantea generar las acciones necesarias para frenar esta actividad.
El hecho de que los gobieno no hayan contenido estas actividades al no crear políticas públicas que logren evitar ese delito, es que Chihuahua es una de las entidades en las que más se comete este delito teniendo como presas a niños, jóvenes y adultos.
Con esta reforma, se hace igualmente un llamado a generar las condiciones que garanticen una vida digna para todas las personas, atendiendo las condiciones de vulnerabilidad que facilitan el reclutamiento voluntario.
Por tal motivo, es menester que se trabaje en disminuir las problemas de pobreza, violencia familiar, deserción escolar, falta de oportunidades escolares y laborales, adicciones, entre otras que generalmente son las causas que orilla a las personas a caer en la actividad delincuencial.
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