En el año 2021 fueron desplazadas por lo menos un centenar de personas integrantes de comunidades originarias, desde la región serrana hacia las ciudades grandes, número que llega a las 771 personas que han tenido que abandonar sus hogares en los últimos tres años, esto a causa de la violencia que se vive en la zona rural por la disputa que sostienen los diferentes grupos de la delincuencia organizada que operan en la entidad y que se han ido expandiendo territorialmente en los últimos años.
El comisionado para los Pueblos Indígenas, del Gobierno del Estado, Enrique Rascón, dio a conocer que hasta el momento la dependencia que él dirige, trabaja en brindar atención a 771 personas desplazadas de sus lugares de origen, por grupos delincuenciales.
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El funcionario estatal destacó que la atención que se le brinda a esas personas, todos de comunidades indígenas, va desde el tema de la vivienda, la alimentación, salud, y todos los servicios básicos, hasta el acompañamiento jurídico, apoyo psicológico y todo lo necesario para un buen desarrollo integral y protección de sus derechos humanos.
Agregó que dentro de ese tipo de apoyo también se trabaja en brindarles capacitaciones para que en el menor tiempo posible, las personas que se encuentran en esa situación, puedan formar parte activa de la economía, y con esto se vayan integrando a la sociedad de la manera más natural posible.
“Es una prioridad de este gobierno y al día de hoy estamos trabajando de la mano con Ceave, para la atención a víctimas, así como con otras instituciones como el DIF Estatal, y en conjunto damos esa atención para todas esas familias que lo necesitan, pero también nos coordinamos con las áreas de seguridad, con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para que en su momento, poder brindar no sólo la atención para quienes han sido víctimas de esta situación, sino también para trabajar en la prevención”, destacó el titular de la Coepi.
Anunció que es de suma importancia el trabajo conjunto con entidades como la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la cual encabeza Gilberto Loya Chávez, para que coordinadamente se busque prevenir ese fenómeno que aqueja a muchas regiones del país, y es fundamental que el problema se ataque desde la prevención y desde diferentes aristas que permitan a las instituciones gubernamentales, actuar como un dique para poco a poco ir erradicando ese tipo de situaciones.
Hizo énfasis en que la única forma de poder combatir el desplazamiento de las personas a causa de la violencia, es trabajar de manera interinstitucional, no sólo dentro del Gobierno del Estado, sino que, en todas las estructuras de los tres órdenes de gobierno, sobre todo, trabajando de la mano con los ayuntamientos y las instituciones del Gobierno Federal que puedan aportar a la solución del problema.
“Brindamos la atención a todas estas personas, para que puedan rehacer su vida; insisto, este trabajo no habrá de terminarse de un día para otro sólo con atender a estas familias, por instrucciones de la gobernadora María Eugenia Campos, este trabajo es constante, porque sabemos que son hechos muy lamentables y que no debemos seguir permitiendo”, subrayó Enrique Rascón.
Resaltó que la problemática se presenta con mayor frecuencia en las regiones de Guadalupe y Calvo, Morelos, Urique, Batopilas y por la zona aledaña al municipio de Uriachi.
Desplazados por regiones del estado +
Según cifras oficiales del Gobierno del Estado, en los últimos tres años se registró el siguiente número de personas de alguna etnia y que fueron desplazadas por la violencia:
Zona Sur: 210 en calidad de víctimas y 387 sin calidad de víctimas, es decir, 597 personas; Zona Centro: 149 como víctimas y 9 sin calidad de víctima, para un total de 158; Zona Occidente: únicamente tres personas en calidad de víctima; Zona Norte: sólo ocho personas en calidad de víctima.
De ese universo de 766 personas (no se contabilizan los cinco casos más recientes), 444 corresponden a personas del sexo femenino, mientras que 321 son masculino.
Es Guadalupe y Calvo en donde se presentan más casos
Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Néstor Armendáriz, explicó que desde el año 2021, se han presentado varios casos, principalmente en el municipio de Guadalupe y Calvo, en donde grupo considerables de personas han tenido que abandonar sus comunidades, debido a que no está garantizada su integridad física y las de sus familias, lo que los obliga a dejar sus hogares y emigrar a las urbes.
“Hemos tenido contacto con varios de ellos cuando fueron trasladados a la cabecera municipal y fueron atendidos por varias instituciones como Ceave, DIF, Ichmujeres, la CEDH, entre otros, esto con el fin de buscar que se les brindará la atención primaria, posteriormente se volvieron a registrar nuevos casos con la misma situación”, explicó.
El ombudsman, manifestó que si bien, se han registrado anteriormente casos en lugares como Uruachi, Guazapares, y la región centro sur del estado, pero en donde los desplazamientos son recurrentes, en es las comunidades de la municipalidad de Guadalupe y Calvo.
“Ahí nosotros (CEDH) no tenemos la intervención directa, porque los actos violatorios provienen principalmente de la delincuencia organizada, compete principalmente a las autoridades en materia de seguridad, investigar y atender el asunto; se está trabajando en un ejercicio de caracterización para personas desplazadas, y formamos parte de esto, aunque no tengamos atribuciones directas en la problemática”, detalló.
Néstor Armendáriz, expresó que, desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se observa el seguimiento que le dan las autoridades, y se analiza lo que hacen y dejan de hacer.
Reiteró que en lo que corresponde al 2021, se presentaron más de cien casos de desplazamiento forzado, sin embargo, destacó que en los últimos meses no se han registrado casos que se hayan reportado, al menos en la comisión que él encabeza, pero reiteró que seguirán pendientes para brindar atención en los casos que se tienen y en los que pudieran surgir.
