/ jueves 17 de octubre de 2024

Vinculan a proceso a salvadoreña por secuestro y tráfico de personas

Los hechos se remontan a febrero de 2022, cuando se inició una carpeta de investigación basada en una denuncia que involucraba el tráfico de personas desde la República de El Salvador hacia EU

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la vinculación a proceso de Ana "M", de nacionalidad salvadoreña, por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de personas y amenaza de secuestro, tras un minucioso proceso de investigación que involucró a diversas instancias internacionales.

Los hechos que derivaron en la detención de Ana "M" se remontan a febrero de 2022, cuando se inició una carpeta de investigación basada en una denuncia que involucraba el tráfico de personas desde la República de El Salvador hacia los Estados Unidos.

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Según la denuncia, dos personas fueron contactadas por una red de tráfico que ofrecía servicios para su traslado a territorio estadounidense. Durante el trayecto, que incluyó el paso por Ciudad Juárez, Chihuahua, la situación se tornó crítica cuando la acusada, en complicidad con un grupo de personas, exigió a un familiar de las víctimas una suma de dinero a cambio de su liberación.

La negativa de pago habría desencadenado la amenaza de secuestro, situación que incrementó la gravedad de los delitos imputados.

El caso adquirió un enfoque internacional debido a la participación de organismos como INTERPOL, que colaboraron con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Federal Ministerial (PFM) para llevar a cabo la detención de la acusada. Ana "M" fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tras un operativo coordinado que se ejecutó conforme al Tratado de Extradición entre México y El Salvador, luego de haber sido detenida en su país de origen.

Este tipo de operaciones refleja el compromiso de la FGR y sus aliados internacionales para combatir redes criminales dedicadas al tráfico de personas, un delito que ha crecido en la región, afectando a las comunidades más vulnerables. El trabajo conjunto entre naciones demuestra la eficacia de los mecanismos internacionales de cooperación en materia de justicia, donde los tratados bilaterales desempeñan un rol crucial.

Una vez en territorio mexicano, el Ministerio Público de la Federación (MPF) presentó ante el juez los elementos probatorios obtenidos durante la investigación, logrando que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, vinculara a proceso a Ana "M". El juez determinó la imposición de prisión preventiva justificada para la acusada, dada la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga. Además, concedió un plazo de tres meses para la realización de la investigación complementaria.

Entre las pruebas presentadas destacan testimonios de las víctimas y familiares, así como registros de las comunicaciones en las que se realizó la exigencia de pago. El caso también incluye pruebas forenses sobre el traslado de las víctimas desde El Salvador hasta la frontera norte de México, y registros financieros que rastrean los pagos exigidos por la organización criminal.

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El tráfico de personas es un problema de dimensión internacional que afecta gravemente a los derechos humanos de miles de migrantes cada año. Las redes criminales, como la que se imputa a Ana "M", lucran con la vulnerabilidad de quienes buscan una mejor vida, exponiéndolos a condiciones inhumanas, explotación y, en casos extremos, amenazas de secuestro y muerte.

La FGR, en tanto, continuará con la recopilación de pruebas que permitan no solo la condena de Ana "M", sino también el desmantelamiento de toda la red involucrada en el tráfico de personas, un objetivo clave en el combate a este tipo de delitos transnacionales.

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la vinculación a proceso de Ana "M", de nacionalidad salvadoreña, por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de personas y amenaza de secuestro, tras un minucioso proceso de investigación que involucró a diversas instancias internacionales.

Los hechos que derivaron en la detención de Ana "M" se remontan a febrero de 2022, cuando se inició una carpeta de investigación basada en una denuncia que involucraba el tráfico de personas desde la República de El Salvador hacia los Estados Unidos.

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Según la denuncia, dos personas fueron contactadas por una red de tráfico que ofrecía servicios para su traslado a territorio estadounidense. Durante el trayecto, que incluyó el paso por Ciudad Juárez, Chihuahua, la situación se tornó crítica cuando la acusada, en complicidad con un grupo de personas, exigió a un familiar de las víctimas una suma de dinero a cambio de su liberación.

La negativa de pago habría desencadenado la amenaza de secuestro, situación que incrementó la gravedad de los delitos imputados.

El caso adquirió un enfoque internacional debido a la participación de organismos como INTERPOL, que colaboraron con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Federal Ministerial (PFM) para llevar a cabo la detención de la acusada. Ana "M" fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tras un operativo coordinado que se ejecutó conforme al Tratado de Extradición entre México y El Salvador, luego de haber sido detenida en su país de origen.

Este tipo de operaciones refleja el compromiso de la FGR y sus aliados internacionales para combatir redes criminales dedicadas al tráfico de personas, un delito que ha crecido en la región, afectando a las comunidades más vulnerables. El trabajo conjunto entre naciones demuestra la eficacia de los mecanismos internacionales de cooperación en materia de justicia, donde los tratados bilaterales desempeñan un rol crucial.

Una vez en territorio mexicano, el Ministerio Público de la Federación (MPF) presentó ante el juez los elementos probatorios obtenidos durante la investigación, logrando que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, vinculara a proceso a Ana "M". El juez determinó la imposición de prisión preventiva justificada para la acusada, dada la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga. Además, concedió un plazo de tres meses para la realización de la investigación complementaria.

Entre las pruebas presentadas destacan testimonios de las víctimas y familiares, así como registros de las comunicaciones en las que se realizó la exigencia de pago. El caso también incluye pruebas forenses sobre el traslado de las víctimas desde El Salvador hasta la frontera norte de México, y registros financieros que rastrean los pagos exigidos por la organización criminal.

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El tráfico de personas es un problema de dimensión internacional que afecta gravemente a los derechos humanos de miles de migrantes cada año. Las redes criminales, como la que se imputa a Ana "M", lucran con la vulnerabilidad de quienes buscan una mejor vida, exponiéndolos a condiciones inhumanas, explotación y, en casos extremos, amenazas de secuestro y muerte.

La FGR, en tanto, continuará con la recopilación de pruebas que permitan no solo la condena de Ana "M", sino también el desmantelamiento de toda la red involucrada en el tráfico de personas, un objetivo clave en el combate a este tipo de delitos transnacionales.

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