La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación en el Estado de Chihuahua, ha conseguido una vinculación a proceso en contra de Rubén “G”, imputado por su probable participación en el delito de tráfico de migrantes en su modalidad de transporte dentro del territorio nacional.
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El caso, que ha generado un amplio interés por la magnitud del hallazgo, fue puesto en manos de un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en la entidad, quien determinó que existen suficientes pruebas para continuar con el proceso judicial.
Los hechos se remontan a un operativo coordinado entre elementos de la Guardia Nacional (GN) y personal del Instituto Nacional de Migración (INAMI), quienes, durante una revisión de rutina en el Puesto Militar de Seguridad 35-3 en Janos, Chihuahua, detectaron un tráiler que transportaba a 111 personas migrantes en condiciones deplorables. Los migrantes, procedentes de varios países de América Central, pedían auxilio debido a las insalubres y peligrosas condiciones en las que eran trasladados.
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El hallazgo reveló la crudeza de una situación que, lamentablemente, no es aislada en la región. Los migrantes, quienes intentaban llegar a la frontera norte de México con la esperanza de cruzar hacia Estados Unidos, viajaban hacinados en el compartimento del tráiler, expuestos a riesgos de asfixia, deshidratación y otras complicaciones graves para su salud. Las autoridades han indicado que los 111 migrantes fueron puestos a salvo y reciben atención humanitaria mientras se esclarece su situación migratoria.
Rubén "G", quien fue señalado como responsable del transporte ilegal, fue detenido en el lugar de los hechos y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público Federal y el Ministerio Público presentó ante el Juez de Control los datos de prueba obtenidos, los cuales fueron suficientes para que se dictara auto de vinculación a proceso. Además, se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, dado el riesgo de fuga y la gravedad del delito.
El tráfico de migrantes es un delito tipificado en la Ley de Migración de México, y se considera una grave violación a los derechos humanos, toda vez que este delito se ha incrementado en los últimos años debido al aumento de personas que buscan mejores condiciones de vida fuera de sus países de origen, impulsadas por factores como la violencia, la pobreza y la inestabilidad política en la región centroamericana.
Este caso es parte de los esfuerzos continuos de la FGR para combatir el tráfico de personas y otros delitos relacionados con la migración irregular en México. La FGR ha reiterado su compromiso de investigar y perseguir estos crímenes, que no solo vulneran las leyes mexicanas, sino que también ponen en peligro la vida de miles de personas que buscan una vida mejor.
