Chihuahua, Chiapas y Baja California son los estados con mayor índice de casos de trata de personas enfocadas a niñas y mujeres adolescentes. Chiapas ocupa el primer sitio con 79 casos, Chihuahua en segundo sitio con 58 casos y Baja California con 48, donde una de las principales causas es que el turismo sexual ha cobrado auge.
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Lo anterior se desprende del informe denominado “Entre la invisibilidad y la violencia desafíos del nuevo gobierno para garantizar los derechos de niñas niños y adolescentes” que presenta la Red por los Derechos de la Infancia en México.
En el mismo informe se destaca que cada día asesinan a 3.6 niñas, niños y adolescentes, 4 más desaparecen, alertó la Red por los Derechos de la Infancia en México al presentar su informe donde destaca que los 40 millones de niñas, niños y adolescentes se han vuelto invisibles para las políticas públicas emprendidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al grado que la masacre de los niños y niñas LeBarón no merecieron un pronunciamiento por parte del presidente.
En cuanto a trata se asienta que las víctimas de trata entre 0 y 17 años (805) representan 1 de cada 4 casos respecto al total nacional. En esta población, 7 de cada 10 víctimas son mujeres. Coahuila (95), Chiapas (94) y Chihuahua (70) encabezan las entidades con el mayor número de víctimas de este delito para hombres y mujeres. En el caso de niñas y mujeres adolescentes, Chiapas, Chihuahua y Baja California son las entidades donde este delito más les afecta.
En los primeros siete meses del nuevo gobierno, se presentaron un promedio de 12 víctimas de este delito entre 0 y 17 años cada mes; 7 de cada 10 de éstas han sido niñas o adolescentes.
Al presentar el Informe sobre la Infancia y Adolescencia en México 2019, Juan Martín Pérez, director del Redim, comentó que el feminicidio infantil creció 13.5% y las desapariciones de niñas, niños y adolescentes 30%, además de que la política del presidente ha sido "adultocéntrica" con la fantasía de que entregar apoyos directos a las familias va a beneficiar a los infantes, donde científicamente se ha demostrado que se requieren políticas públicas específicas para este sector.
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnso) entre enero de 2015 y julio de 2019 se registraron 3 mil 297 feminicidios en el país, de los cuales 317 ocurrieron entre la población de 0 a 17 años, es decir uno de cada 10 feminicidios en el país afecta a una niña o adolescente.
Durante 2018, en promedio ocurrieron 7 asesinatos al mes contra niñas y adolescentes, en el 2019 se registraron 59 feminicidios, es decir se incrementó a 8 feminicidios cada mes.
De acuerdo a La Infancia Cuenta en México 2019 de Redim se registra que en Chihuahua el 16.3% de niñas y adolescentes de 0 a 17 años han sido víctimas de feminicidio de enero de 2015 a septiembre de 2019.
Juan Martín Pérez, director del Redim, señaló la preocupación de los integrantes de la red debido a que esta población no se encuentra entre las 25 estrategias prioritarias para el Gobierno de la República a pesar de que las violencias que les afectan van a la alza. Esta población, que se traduce en 40 millones de habitantes no se encuentra dentro de los proyectos prioritarios debido a que se sigue considerando que las niñas, niños y adolescentes son propiedad de las familias y no se ven como sujeto de derecho.
El directivo destacó que la invisibilidad se hizo más visible con la masacre a los miembros de la familia LeBarón, donde varios pequeños fueron asesinados y calcinados, pero no merecieron un pronunciamiento por parte del jefe del Estado mexicano.
“Son temas que nos preocupan porque aún a una mirada vieja o adultocéntrica, que sigue pensando que las niñas y los niños son objeto de protección y propiedad familiar”.
Recalcó que la actual administración piensa que con apoyar a las familias va a derramar el beneficio a sus integrantes, sin embargo los programas enfocados a esta población sufrieron recortes presupuestales severos como el de Estancias Infantiles y al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, donde el impacto es del 20% que pegará sobre todo a las procuradurías de protección a niñas, niños y adolescentes.
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