El combate a la corrupción en México está adoptando un nuevo enfoque sistémico en donde se toma en cuenta la participación ciudadana para evitar que los actores políticos y demás involucrados en la toma de decisiones sean “juez y parte” en el llamado Sistema Nacional Anticorrupción.

Así lo explicó el licenciado Isaac Pacheco Izquierdo, investigador del Laboratorio de Políticas Públicas Ethos, durante su participación en el Seminario de Auditoría Gubernamental que impartió por el Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua, quien durante su ponencia insistió en que la designación de la figura del Fiscal Anticorrupción debe ser realizada por el presidente de la República, pero ratificado por el Senado, pues tampoco sería correcto que esa figura se encuentre totalmente desligada del Poder Ejecutivo.

Así mismo, el académico destacó que con la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales, se instituye también un comité coordinador de autoridades públicas que deberá trabajar en conjunto para definir una política anticorrupción y definir estrategias y las formas de implementar dicha política.

En dicho comité se encuentra incluida la Auditoría Superior del Estado (ASE), lo que incrementará la carga de trabajo de los auditores, pero aumentará su nivel de coordinación con otros órganos representativos del comité.

Por otra parte, al hablar de la designación de la figura del fiscal anticorrupción, Isaac Pacheco, recordó que dentro de la agenda legislativa de Morena se contemplaba la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, cuya aprobación “en fast-track” fue bloqueada gracias a la colaboración de partidos opositores y organizaciones de la sociedad civil.

Esto, explicó, debido a que lo presentado en el pleno por los legisladores fue señalado como lo trabajado en conjunto con las organizaciones civiles, lo cual no era verídico.