"Por lo menos cinco personas, entre ellas cuatro exfuncionarios de la administración de César Duarte, se encuentran involucradas en la carpeta de investigación por la adquisición y suministro de medicamento apócrifo para pacientes con cáncer durante los años 2012 y 2014, donde presuntamente se generaron ganancias económicas al obtener estos medicamentos “piratas”.
Se trata del exsecretario de Salud, Pedro Hernández Flores; el extitular de Pensiones Civiles, Marcelo González Tachiquín; el exsecretario de Salud, Basilio Ildefonso Barrios Salas; la responsable sanitaria de Farmacia y Almacén de Medicamentos de Pensiones Civiles, Patricia Banderas y Jesús Miguel Robles Villareal, dueño de Ymmarsa Pharmaceutica, SA de CV.
Según la información que ha obtenido la Fiscalía General del Estado, dentro de los últimos meses la empresa Ymmarsa obtuvo varios contratos por más de 700 millones de pesos, para la adquisición de medicamento, entre éstos el Avastin, el cual no era un producto original y contenía algunas alteraciones que no beneficiaban específicamente al tratamiento del cáncer.
Entre las irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación es que había sobreprecios en los medicamentos, existían medicamentos caducos y chinos que no contaban con las especificaciones necesarias para el control de enfermedades y muchos menos para el tema de cáncer.Aunque la denuncia e investigaciones formales van en contra de todos los que participaron en la compra, ocultación de información o intervinieron en los hechos, podrían ir por más personas que estuvieron involucradas en esta denuncia, por lo cual se dejó la misma abierta en contra de quien resulte responsable.
Dentro de los informes que se han obtenido de esta investigación, fue que el exsecretario de Salud, Sergio Piña Marshall, presentó una denuncia formal el 8 de octubre de 2012 por la entrega de este medicamento pirata, el cual fue detectado por un paciente del Christus Muguerza, al que le avisaron que estaba recibiendo un producto alterado y no el original. Al poner la denuncia Piña Marshall, fue removido de su cargo y en su lugar ingresó Basilio Ildefonso Barrios Salas, en 2013, quien mantuvo oculta la investigación, pero posteriormente Pedro Hernández tomó protesta del mismo, donde siguió con la adquisición del medicamento pese a la denuncia interpuesta en 2012, ya que la instrucción de César Duarte era seguir con el mismo mecanismo para generar algunos recursos extras.
Todas estas acciones se realizaron en coordinación con el entonces titular de Pensiones Civiles del Estado, Marcelo González Tachiquín, quien actualmente se encuentra preso por otros delitos relacionados con desvíos de recursos públicos, ya que él tenía conocimiento del medicamento que estaba adquiriendo Pensiones Civiles para los pacientes con estos padecimientos de cáncer.
En la investigación se contempla a la responsable sanitaria de Farmacia y Almacén de Medicamentos de Pensiones Civiles del Estado, quien se desconoce la identidad hasta el momento, pero que, se dice, era la encargada de recibir y distribuir el medicamento, así como verificar la calidad del mismo, por lo que hizo omisiones de sus funciones en esta dependencia.Luego de que se concluyera con la administración de César Duarte, la principal instrucción que tuvieron la mayoría de las dependencias en el estado era destruir, ocultar o borrar cualquier evidencia que pudiera utilizar el Gobierno de Corral en su contra, se concretó en algunos casos y otros más quedaron con rastros.
Dentro de esta estrategia de eliminación de rastro, fue la investigación iniciada en el 2012 por el uso de medicamento “pirata” para el cáncer, misma que hasta el momento no ha sido encontrada y solo se lograron recabar documentos, e información por parte de la Secretaria de Salud, que aun conservaba dicha información.
En estos informes se dio a conocer que la empleada de Pensiones Civiles, pidió a Coespris, realizar la destrucción del medicamento Avastin, con el objetivo de que no fuera descubierto con la entrada del nuevo gobierno del estado, por lo cual se investiga por ocultar pruebas e información relacionada del caso.Al entrar la administración de Javier Corral, resguardo la evidencia con los productos manipulados o adulterados en una caja fuerte, se levantó un acta de circunstancias y se notificó al órgano jurídico de la propia Secretaría donde el laboratorio médico mandó también algunas muestras de la sustancia contenida en los empaques a Indiana, Estados Unidos.
A su vez se pudo documentar que 20 dosis fueron suministradas a 8 pacientes, aunque no se descarta que anteriormente se haya proporcionado más medicamento en similares condiciones de adulteración, por lo que la denuncia de hechos fue presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el entonces secretario de Salud, Sergio Piña Marshall, con apoyo de su Departamento Jurídico, el 8 de octubre de 2012.Y previamente se hizo del conocimiento de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que realizó su propia investigación, por lo que acudió la hasta la ciudad y se llevó el material para ser analizado en la Ciudad de México.
La conclusión fue que si bien la sustancia suministrada no ayudó a los pacientes, tampoco los afectó, por lo que el Departamento Jurídico de la propia Secretaría de Salud decidió darle “carpetazo” a esta investigación en el mes de julio de 2014 y se retomó en el año 2016 y 2017 por las autoridades actuales.
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