Las organizaciones civiles que solicitaron la interacción con los gobiernos estatal y federal sobre tala clandestina, agradecieron la disposición de las autoridades, sin embargo, exigieron mayor compromiso para solucionar interdisciplinariamente la problemática.
La Audiencia Pública sobre la situación de tala clandestina en la Sierra Tarahumara, finalizó luego de dos jornadas en la que organizaciones de la sociedad civil expusieron en ocho temas la problemática de la tala clandestina, las afectaciones, el derecho de los pueblos indígenas sobre los recursos existentes en el territorio en el que viven.
El encuentro fue moderado por el Instituto Estatal Electoral, por Oksana Volchanskaya y Pedro Urana; y como moderador de la sociedad civil, intervino Horacio Almanza, en un ejercicio inédito en el que convergieron más de 10 representantes de instancias gubernamentales estatales y federales, además de colectivos y organizaciones defensoras y acompañantes de personas defensoras de los bosques de Chihuahua.
Dentro de los temas, se expuso las consecuencias de que el crimen organizado haya secuestrado los bosques, con una cadena de delitos relacionados que van desde el “lavado” de madera ilegal hasta afectaciones fiscales por evasión de impuestos por más de 2 mil 500 millones de pesos, y contra los habitantes que van desde amenazas, extorsión y asesinatos.
En el primer tema del día, y quinto de la Audiencia, se discutió sobre la implementación de una campaña permanente de denuncia segura y castigo, presentado por el activista y sacerdote jesuita Javier Ávila; en el tema sexto, se cuestionó sobre la actualización y modernización de las guías forestales para que no permitan la duplicidad de éstas o que se utilicen para amparar madera ilícita, por parte de la organización Pies de la Tierra, representada por Bernardo Manzano Lepe.
A este tema dio respuesta Alonso Heredia, encargado de Despacho de la Delegación Chihuahua de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y por Refugio Luna, titular de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural.
En su respuesta Bernardo, solicitó que se dejara un acuerdo de hacer públicos los cortes de caja anuales por ejido, cuánto volumen pasa por las casetas forestales y ver la diferencia que corresponde al volumen aprovechable. También pidió castigar a quienes incumplen y frenar las causas de la problemática.
“Me gustaría que se dejara un acuerdo de hacerlo público y ver qué ejidos han sido castigados por el cambio de volumen. Proponer un cambio en la ley forestal para que solo transiten durante en el día en horarios laborable, para que puedan ser revisados en las casetas forestales. Un acuerdo con guardia nacional, que estén de manera permanente acompañando las casetas, si las guías son imposibles de alterar, el problema está en las casetas. Hacer obligatorio que todos los ejidos de chihuahua entren a un registro de los volúmenes que se transportan en los vehículos abiertos y cerrados”, expresó.
Horacio Almanza, el moderador, señaló que las respuestas son ricas en información, aclaraciones, incluso compromisos que se llegan a adelantar; pero reconoció que esa parte más fáctica permite a los taladores evadir la ley, y que no basta cumplir con la ley y responsabilidad, porque la realidad es más compleja y demanda acciones adicionales, en coordinación interinstitucional de las secretarías.
Posteriormente, Tatiana Amor Aderman de Fondo Christensen habló sobre programas y proyectos para reforestación del bosque, e instó a bajar lo interinstitucional a lo comunitario, con canales de comunicación, actores clave y toda persona que se quiera involucrar.
Recibió respuesta del Instituto Pueblos Indígenas, a través de Nicolás Víctor Martínez; de Manuel Chávez Díaz de Comisión Nacional Forestal; y de María Teresa Guerrero, Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas.
Moderador Horacio Almanza dijo que en la gran mayoría de los ámbitos de gobierno no se ha armonizado lo suficiente los derechos de los pueblos indígenas, y declaró como un gran reto a realizarse, en el ámbito del manejo comunitario de los bosques por parte de los pueblos indígenas.
Para cerrar los temas, Marco Vinicio Morales de Consultoría Técnica Comunitaria, en el tema Diálogo con los ejidos y comunidades que han sido víctimas de los delitos asociados con tala ilegal, para colaborar con ellos, expuso que se registraron 233 denuncias entre 2012 y 2018; sin embargo, el periodo con mayor incidencia fue de 2005 a 2013, en los municipios de Guadalupe y Calvo, Guachochi y Bocoyna.
“Pero después de 2013 la denuncia bajó. Las denuncias no son la mejor vía para resolver tala ilegal u otros hechos contra los pobladores del bosque. Hay muchas consecuencias derivadas de la tala que afectan a sistemas biovulnerables de la Tarahumara, entre las más graves están las amenazas, extorsión y asesinato”, afirmó.
Por lo anterior, invitó a las autoridades a que aborden la problemática puntualicen diálogo con ejidos, para que se lleguen a acuerdos para combatir tala ilegal, se destaque el papel de funcionarios indígenas, se establezcan el diseño y aplicación de protección para los defensores de la Tarahumara, se aborden los retos en materia de seguridad y nuevos compromisos derivados de esta audiencia pública.
Hizo énfasis a las autoridades en que las propuestas y compromisos estén situados a las realidades de los pueblos indígenas y que vaya más allá al tema de la denuncia, que no es la mejor o única vía para resolver los delitos de tala ilegal.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, dio respuesta en voz de Alfredo Ledezma; y de Irma Villanueva, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua.
Para finalizar, el moderador de la sociedad civil Horacio Almanza, señaló la necesidad de seguir transversalizando las acciones de las comunidades indígenas, quienes han sido vulnerado, y son también los pueblos indígenas, los que proveen soluciones más efectivas para la conservación y restauración de los bosques.
