“Hoy lo más importante que le vengo a traer al Congreso, es que el propio Congreso de Chihuahua es el Congreso que me eligió como magistrado y verificó que yo cumpliera con los requisitos constitucionales y que hoy me está juzgando por hechos de 2010 por una ley (de Juicio Político y Declaración de Procedencia) que apareció en 2018, ese mismo Congreso de Chihuahua tiene una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte por esta ley, por la aplicación de esta ley”, expresó el magistrado Jorge Ramírez en el último día de audiencia por el desafuero en su contra.
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Ramírez Alvídrez recordó que uno de los diputados que firmaron la solicitud de acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia fue el diputado René Frías, hoy secretario de la Comisión Jurisdiccional y presidente del Poder Legislativo, acción que se encuentra subjúdice en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir no se ha resuelto y la sentencia puede cambiar el sentido del proceso de su desafuero.
La acción fue presentada principalmente porque la ley señalada pide en una votación de desafuero una mayoría simple (el 50% más 1 de los diputados presentes) y no una mayoría calificada (dos terceras partes del Pleno) tal como se eligen a los magistrados, a través de una mayoría calificada.
Dejó en claro que de no favorecerle el dictamen de la Comisión Jurisdiccional, estaría impugnándolo vía amparo ante un juez federal, ya que existen violaciones al debido proceso, pues la misma audiencia –afirmó- fue violatoria “y porque estoy seguro de que la resolución que tomen no va a tener un fundamento real”.
El magistrado aseveró estar confiado, ya que espera la verdad salga a flote, y que lo único que demuestran los ministerios públicos de la FGE es que no están preparados para llevar este tipo de declaratorias, además de dejar entrever en que la Fiscalía ya tiene los votos para votar a favor de mi desafuero, dijo.
Asimismo fue enfático al asegurar que no desaprovecharía la oportunidad para decirle a los diputados de la Comisión en que deben entender en la gran responsabilidad que se tiene al tomar una decisión jurisdiccional, “un trabajo que yo hago todos los días y que tiene que ver no solamente con lo que yo escucho, sino con lo que percibo, lo que dice la ley, como se ha interpretado la norma, lo que dice la jurisprudencia internacional, ellos tendrán que hacerlo”.
Sobre la acción de inconstitucionalidad explicó que “los derechos humanos no pueden ser regresivos, siempre tienen que ser progresivos, cuando ya los ganamos no los podemos perder, y la respuesta que tiene el Congreso de la Unión en la ley de juicio político es de 30 días para responder a las imputaciones que te hacen, la ley en Chihuahua te da 5 días, esa es la primera regresión”.
“Y luego y más importante, es la votación, esta votación debería ser una votación calificada de los miembros del pleno, dos terceras partes, en Chihuahua es la mitad más uno de los presentes lo que nos llevaría al absurdo de que con 10 votos de los 33 sea suficiente para quitar el fuero, me parece que nos pone en una situación complicada, es un tema que asentará precedentes”.
No existe delito, no hay forma
El ex diputado local señaló que desde un principio ha sido contundente, “no existe el delito, no existe porque no hay forma, y todo lo demás que ellos vinieron probando, el tema de los estados de cuentas y esas cuestiones las obtuvieron de manera ilegal, eso lo venimos alegando a cada momento, yo les fui dando oportunidad al Congreso, se los dije desde el principio, no tienen con qué, pero vamos viendo si lo podemos frenar”.
Por ello presentó recusaciones a los diputados Georgina Bujanda y René Frías, “el tema era para que ellos tomaran una determinación apegada a derecho, no la hicieron así, dicen porque no lo he visto tampoco, que la recusación que se hizo en contra de la presidente de la Comisión (Bujanda) la resolvió el secretario de la Comisión (Frías) que es presidente también del Congreso, sólo dijo que no era procedente sin fundamento, sin motivar”.
Luego al presidente del Congreso, que también es secretario de la Comisión, “como él no se puede resolver a él mismo, lo resolvió el vicepresidente (Luis Aguilar) que jurídicamente no existe, porque no hay facultades entregadas a un vicepresidente, continuaron con el procedimiento y aquí nos tienen hoy desahogando pruebas”, explicó.
Los testigos no pueden acreditar lo que dice la Fiscalía
Se han desahogado pruebas –dijo- de toda naturaleza, ayer hasta una testigo protegido, y lo único que han encontrado es que no pueden acreditar ni lo que dice la Fiscalía ni lo que dicen sus propios testigos plantearon.
“Una cuestión importante desde el primer día es que vino el órgano (la contraloría) que me investigó al interior del TSJ que no tiene facultades para hacerlo, que lo tuvo que haber hecho a través del Consejo de la Judicatura, él no porque el contralor es un agente de investigación en temas administrativos, y yo soy del área jurisdiccional del TSJ, entonces la contraloría en su declaración dijo aquí que él no necesitaba que le dijeran que podía investigar lo que quiera, se pone por encima de la ley, de la Constitución y la Constitución general”
Luego el miércoles, “las declaraciones demostraron que hay un departamento en Torre Cenit que han querido decir siempre que es mío, y es de mi hermana, lo único que compartimos es el apellido, con eso tuvieron para decir que es mío y que ella es mi prestanombres, que no tiene nada que ver con un tema de enriquecimiento ilícito”.
Sobre los depósitos que le atribuyen, “no sé si sea ilegal utilizar dinero, yo creo que no, les debe quedar claro que no es ilegal, trajeron a una cajera de un banco, que se supone me recibió un pago por una cantidad importante de dinero en efectivo, y ella lo que dice es que no le consta que el pago lo hice en efectivo porque ella no estuvo, ella no lo recibió, pero que ella revisó el estatus del expediente y dice que ya está pagado”.
“Si no hubiera podido pagar no hubiera estado resuelta esa situación, el propio MP le preguntó que si conocía de un procedimiento de lavado de dinero y ella dijo que sí, que cuando alguien paga una cantidad de dinero de una manera que se considere irregular, sale una alerta, que no les permitiría tomar esa situación, yo le pregunté si se hacía en privado o en caja, y ella respondió que siempre se hacen en caja, entonces si ella tiene acreditado el pago y no fue irregular o no hubo prevención quiere decir que no hubo ninguna irregular, porque así lo hice yo, y lo hice en la caja”, relató el exsecretario del Ayuntamiento de Cuauhtémoc.
Refiere además de una testigo protegido que presentó la Fiscalía, que laboraba en un órgano descentralizado y que fue parte de su equipo político en ciudad Cuauhtémoc, “dicen que una vez a través de alguien yo solicité que hicieran un depósito, una cantidad en efectivo para no pagar el impuesto y que lo trasladaran a mi cuenta y ella dijo que no, que era peligroso, pero luego realizó una acción con mucho más dinero en el que se le entregó supuestamente dinero en efectivo y lo trasladó a una cuenta privada y eso no era problema, entonces, siempre ha tratado de protegerme, le entiende a la ley, es contadora, siempre me ha protegido, ahora viene y declara cuestiones que no puede sustentar”.
A ver quién viene hoy (ayer) porque eso están haciendo (la Comisión), no traen a los testigos, no los obligan a venir, y entonces los diputados se van a quedar con lo que la Fiscalía les otorgó, sin ser escuchados por los propios diputados, “como los que han venido escuchando y que no pueden sacar nada, que todo les han dicho la verdad, y con la verdad no hay nada me pueden imputar”.
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