Alrededor de 30 familias que vivían en los asentamientos Carlos Díaz Infante y Carlos Arroyo fueron desalojadas por la asociación civil Asentamientos Tarahumares, cuyos representantes legales subieron las cuotas de 15 pesos semanales a 400 pesos mensuales. Ahora los indígenas rarámuri luchan por que sus derechos se respeten.

Esteban Carrillo Palma, residente del asentamiento Carlos Arroyo, es uno de los afectados, quien tras 10 años de vivir ahí tiene que desalojar la vivienda al perder un juicio civil basado en un contrato de comodato vencido desde hace 7 años, sin embargo con argucias Arturo Ugalde González, representante legal y Eleazar Sánchez Ramos, administrador y presidente de la asociación, han empezado a vender las viviendas que se supone fueron creadas para darle cobijo a los indígenas migrantes provenientes de la Sierra Tarahumara.

Los indígenas denunciaron en el Congreso del Estado que desde el 2012 han solicitado ayuda a los gobiernos estatales y municipales, sin embargo sólo les han cerrado las puertas y dejado a la deriva, sufriendo amenazas, engaños, maltrato, burlas y la violación a sus derechos. La Fiscalía General no ha actuado, tampoco la Comisión Estatal para Pueblos Indígenas.

"Buscamos justicia porque sabemos que hay muchas injusticias, la asociación nos ha utilizado y con engaños nos hacen firmar papeles, a nuestros nombres piden recursos y sólo están lucrando", señaló Esteban.

Esteban y varias mujeres residentes de ambos asentamientos señalaron que ahora le han dado entrada a personas no rarámuri, por lo que las borracheras y niños drogándose dentro de los asentamientos es común. "A nosotros nos importa que vivan bien y sin miedo nuestros hermanos rarámuri".

En el asentamiento Carlos Arroyo existen 67 viviendas y en el Carlos Díaz Infante 30 casas, de las cuales 30 familias ya han sido desalojadas al no pagar la renta de 400 pesos que les exigen. Además empezaron a vender las viviendas en 40 mil y 60 mil pesos, cuando en ninguna de las cláusulas de la asociación se asienta que tenga dichas atribuciones. Incluso en la cláusula 11 se asienta que uno de los fines de la asociación es brindar vivienda y materiales de construcción para el mejoramiento de vivienda a indígenas rarámuri.

Los desalojos se han realizado contra las personas que se oponen a la venta de las casas, las cuales no pueden ser comercializadas debido a que se construyeron con recursos públicos, además de que el terreno fue donado. Cuando a los rarámuris se les requiere, a través de citatorios extrajudiciales les ponen Soluciones Habitacionales.

La abogada Mónica Reyes, asesora del diputado Humberto Chávez de la fracción de Morena, será quien les brinde el apoyo jurídico, ya que los rarámuri firmaron un contrato de comodato, donde se asienta que se les cobrará una cuota de 15 pesos semanales y no de 400 como se está haciendo. “No se vale que abusen de ellos, los hacen firmar documentos que a veces no entienden”, comentó.

Esteban comentó que han tocado puertas en varias partes, pero no les han hecho caso, mientras tanto siguen sufriendo a diario el acoso y maltrato pues al no pagar les sacan los muebles de la vivienda para infundirles temor.

Ante ello solicitaron la intervención del gobernador Javier Corral para que el hostigamiento pare y se realicen acciones en favor de los indígenas, pues muchas familias han sido desalojadas por no pagar los 400 pesos.

Los indígenas ya habían acudido al Congreso del Estado a solicitar ayuda, pues los hacen firmar contratos de comodato que no entienden, además sólo cuentan con un traductor y él incluso ha participado en los allanamientos de vivienda y posteriores desalojos.

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