Crece abandono de niños por causa de familias desintegradas

El daño provocado por la pobreza y el entorno violento en el núcleo familiar origina sobrepoblación en los orfanatos

Samara Martínez y Adriana Saucedo

  · jueves 23 de mayo de 2019

Foto: Alberto Hierro

El abandono infantil va en aumento, la desintegración familiar que se vive en la actualidad es cada vez más notoria y la sobrepoblación dentro de albergues y casas hogares es cada vez mayor, según explican encargados de la casa hogar Vida 180, en Ciudad Cuauhtémoc.

Ahora, según explica la psicóloga social Lorena Ríos, el daño de la pobreza y el conflicto de la violencia son de los mayores problemas que afectan a los niños, niñas y adolescentes, pues la mayoría crecen en condiciones que no fortalecen a su desarrollo humano, tanto en lo psicológico como en lo físico; destacando que el abandono implica también la falta de cuidado o atención por parte de los padres.

Muchos niños han aprendido el significado de la palabra “familia” y han encontrado refugio en una casa a la que ellos llaman “hogar”. Tal es el caso de Juan, mejor conocido como Juanito, un niño que a través de sus ojos refleja amor y ternura. De origen rarámuri, Juanito fue encontrado en La Junta a la edad de 10 meses, en noviembre de 2017, bajo el influjo de drogas. Su mamá, una tarahumara que se drogaba mientras amamantaba al pequeño, dio a su hijo a los cuidadores del albergue Vida 180, ya que ella era incapaz de cuidarlo.

“Cuando lo encontramos, Juanito estaba drogado… al momento de cargarlo parecía que estaba muerto, toda su boca y cara estaban llenas de granos con pus. La infección que le causaba que su mamá le diera pecho bajo el efecto de las drogas era tan grande que desarrolló un problema de llagas en su rostro”, comenta Lorena López, responsable de la casa hogar.

El rescate de Juanito fue grabado en video, donde se observa a su madre sin noción alguna de lo que pasaba; a lo lejos se escucha una voz que grita: “Llévenselo porque se va a morir”, mientras que el niño inconsciente es cargado en brazos.

Como consecuencia de las drogas, una de las secuelas más grandes que le quedó al pequeño fue un quiste en su garganta, el cual se infecta constantemente gracias al contacto que tiene con la saliva que se cuela dentro de él, según comenta Raúl, quien junto con Lorena se hace cargo del lugar.

Por otro lado está el caso de los hermanos Miramontes, seis pequeños que fueron encontrados en condiciones inhumanas en un cuarto con más de veinte personas. La suciedad y un olor repugnante impregnaban las paredes del lugar, donde, según narra Raúl, había rifas clandestinas de mujeres, quienes a veces eran golpeadas con tablas de madera hasta quedar inconscientes.

De ese lugar fueron rescatados los seis menores de edad, quienes eran drogados con pintura para que no lloraran por hambre o frío. “Ver cómo vivían esas personas… es algo que no se puede describir con palabras”, asegura Raúl.

Brenda es otra niña cuya historia es difícil de contar. Su mamá, de 29 años, se juntó con un señor de 73, quien además de abusar de ella y de sus hermanos, física y psicológicamente, terminó abandonando a la familia para irse con una de las hijas. La señora intenta rehacer su vida, pero se encuentra con otro hombre que también termina golpeándola.

Cuando las autoridades correspondientes intervinieron por una pelea doméstica, la madre de Brenda y su pareja fueron llevados a los separos, donde ella termina suicidándose. Los niños son acogidos por los abuelos, quienes a patadas los despertaban todos los días, y finalmente fueron recibidos por la casa hogar.

Según explica Lorena, Brenda era una niña tímida, que no hablaba y todo le daba miedo, pero ahora, después de un año de adaptarse al lugar, la pequeña es una niña dulce, apasionada de la repostería y a pesar de los traumas del pasado, su esfuerzo por salir adelante la hace destacar en todo lo que se proponga.

El panorama estatal

Un total de 125 niños, niñas y adolescentes son susceptibles de ser adoptados, mientras que 582 están en proceso de definir su tutela, de acuerdo con César Juárez, titular de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.

Para que un niño, niña y/o adolescente se encuentre en la base de datos del DIF Estatal, es necesario que en primera instancia, cuando se descubre que los derechos están siendo o fueron violados, las autoridades de seguridad son quienes se encargan de la primera línea de investigación para que consecuentemente el DIF Estatal pueda tomar medidas de protección especial o urgente, dependiendo de la gravedad del asunto.

En la protección urgente, el infante debe ser retirado de inmediato de su núcleo familiar, donde se violan sus derechos a través de actos graves que constituyen un delito penal, tales como golpes, violación o maltrato reincidente, quedando bajo la custodia del Estado, que comienza una investigación de la familia externa o ampliada (abuelos maternos, paternos, tíos, etc.), con el propósito de definir a quién corresponderá la custodia temporal. Durante el mes de abril, en el estado se llevaron a cabo cuatro casos de este tipo de protección.

De acuerdo con el procurador, el objetivo principal en los procesos es que el infante no sea ingresado a un albergue, sino que permanezca el mayor tiempo posible entre miembros de su familia que sean capaces, tanto psicológica como socioeconómicamente, de defender sus derechos a la salud, educación, cuidado, etc. O bien, dentro de una de las 15 familias de acogida que fueron certificadas por el Estado para hacerse cargo del infante mientras se lleva a cabo la investigación, donde actualmente se encuentran 22 niños, niñas y adolescentes.

Actualmente, el Estado tiene la patria potestad de 125 niños y niñas, de entre 7 y 17 años de edad, siendo así susceptibles para ser adoptados. Sin embargo, dicho rango de edad no encaja con los perfiles que normalmente buscan las familias o personas que solicitan iniciar un proceso de adopción.

Cabe resaltar que para que sean susceptibles, es necesario que un juez dictamine la patria potestad al Estado, luego de que se le presenten los resultados de la investigación elaborada por trabajadores sociales y por la fiscalía, en caso de que la violación de derechos se haya ejercido por acciones que ameritan un proceso penal.

También se da el caso de que las madres biológicas dan el consentimiento para ceder sus derechos. El DIF está obligado por ley a brindar un acompañamiento en el proceso jurídico, mientras que el niño queda en protección urgente a fin de brindarle un resguardo. Juárez mencionó que este tipo de situaciones no son recurrentes en el estado, pues sólo se han presentado tres casos en los últimos dos años.

Por otra parte, las adopciones privadas siguen vigentes en el estado, donde el proceso de adopción se hace por una jurisdicción voluntaria donde los padres adoptivos están sujetos a llenar ciertos requisitos, tales como el contar con la idoneidad, luego de pasar por un proceso de investigación.

A diferencia de la forma institucional, para llevar a cabo una adopción privada no es necesario que los interesados pasen por un curso preparativo y de sensibilización, donde comúnmente se detiene la mayoría de las personas interesadas al percatarse de la responsabilidad y compromiso que representa.

Administrativamente el proceso de adopción institucional no es largo, pues en la procuraduría no debe durar más de cinco meses, en lo que se recaba papelería, se investiga y se cita a consejo. Mucha gente pudiera considerar que es tardado porque hay una base que va delante de ellos, donde se da prioridad a las solicitudes de adopción que fueron registradas desde el 2010 o 2011 y que están siendo desahogadas.

“El problema estriba en que el perfil es igual en los solicitantes y a lo mejor ahorita el DIF no tiene niños, niñas y adolescentes susceptibles a ser adoptados que cumplan con las características de la edad, pues la mayoría prefiere adoptar a menores de cuatro años”, indicó Juárez.

Asimismo, existe el tipo de protección especial, donde se prioriza la resolución de problemas dentro de la familia y por ende no significa que el Estado tenga el derecho de buscarles una familia adoptiva.

Durante el mes de marzo, 45 interesados en adoptar pasarán ante el consejo, donde se les aprobará o rechazará para ser padres adoptivos. Mientras que en la base de datos suman 120 solicitudes para iniciar el proceso de investigación.

“El tema de la adopción no propiamente data de cubrir alguna necesidad familiar, sino en términos sencillos, es el gesto más puro del amor y el ser humano está obligado, una vez que adquiere el compromiso, de proteger y cuidarle todos y cada uno de sus derechos”, indicó César Juárez.

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