El exsecretario de Salud Estatal, Ernesto Ávila Valdez, transitó del “me dejé llevar”, cuando el titular cobró un bono indebido apenas con 3 meses en el cargo, a la “pendejeada” a una diputada en una reunión con el Congreso del Estado, proferido por un funcionario subordinado al médico militar, quien toleró y justificó la conducta.
La gestión del especialista en anestesiología tuvo sus fechas críticas en los 22 meses que duró en el cargo, antes de convertirse en el primer cambio meramente administrativo del equipo del gobernador Javier Corral, pues los anteriores colaboradores que se habían retirado, lo hacían para emprender nuevos proyectos relacionados políticamente con la administración estatal.
Ávila Valdez trabajó el primer mes de la administración estatal, que comenzó en octubre de 2016, de forma discreta, pues fue hasta noviembre cuando salió a dar a conocer el diagnóstico de la dependencia que había recibido: equipo médico en mal estado, adjudicaciones indebidas y pago de servicios a precios superiores al mercado, entre otras, fueron las irregularidades que denunció.
En su primera aparición pública luego del tiempo tomado para el diagnóstico, informó que el Instituto Chihuahuense de la Salud tenía cuentas por cobrar por 750 millones de pesos con diferentes instancias, entre ellas el PRI, que le debe a la dependencia 20 millones de pesos, toda vez que sin convenio previo se proporcionaba servicio al personal de ese instituto político.
En contraparte, explicó, existía un gran desabasto de medicamentos en el Hospital Central y otros, que había llegado incluso hasta el 70 por ciento. Denunció que en la pasada administración hubo licitaciones oscuras, en donde se realizaron compras de medicamentos y suministros por mil 440 millones de pesos, en licitaciones que fueron adjudicadas a proveedores favorecidos, además muchas de ellas no se cumplieron en tiempo y forma.
“Algo que es lastimoso, es que cuando fui a México a un curso de inducción, me indicaron que el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) le debe a hospitales, farmacéuticas, al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y a compañías que licitaron los vales de despensa, situaciones todas ellas graves, porque sí existían recursos para realizar estos pagos en tiempo y forma”, dijo Ávila en aquella ocasión.
Al referirse a las obras en proceso, dijo que en Juárez el Hospital General y el Hospital de Oncología son únicamente un cascarón sin equipamiento, a pesar de que dichas instalaciones implicaron una inversión de 400 millones de pesos y aún faltan otros 900 millones de pesos para dejarlos funcionales.
EL SECRETARIO QUE SE DEJÓ LLEVAR
Al principio del año 2017 comenzaron a surgir quejas de la Secretaría de Salud, pues el desabasto de medicinas y la deficiente atención en hospitales continuaba, lo que se justificaba oficialmente por las irregularidades que se habían heredado de la administración anterior.
Pero el 18 de abril fueron publicadas evidencias de un gasto injustificado en la Secretaría de Salud, con lo que comenzaron sus escándalos. Ávila y una veintena de funcionarios, la mayoría que habían ingresado junto con él en octubre de 2016, se autopagaron bonos por 1.8 millones de pesos, de los que 108 mil fueron para el secretario.
El bono fue justificado porque existían excedentes de fondos federales de los Servicios Estatales de Salud y los administradores siguieron los usos y costumbres, pues se destinaba a personal que por una u otra razón se le tenía que dar una compensación, que en este caso era injustificable porque los beneficiarios acababan de ingresar al Gobierno del Estado, sólo unos cuantos provenían de administraciones pasadas.
De acuerdo con documentos oficiales de Servicios de Salud de Chihuahua, el 30 de diciembre de 2016, cuando la nueva administración estatal estaba por cumplir tres meses, el director de Recursos Humanos, Pedro Antonio Ramírez Torres, solicitó mediante el oficio 20161816, la autorización de suficiencia presupuestal para un “bono único para mandos medios (…) como estímulo debido a que año tras año no se les refleja ningún incremento en sus percepciones”, pero dichos directivos acababan de ingresar, tenían entre uno y dos meses de haber sido contratados.
El tiempo en que se pedía el bono, era el mismo en que todo desabasto, retrasos en los pagos, quejas, se justificaba con la crítica situación financiera en que se había recibido el gobierno.
“Me dejé llevar…”, fue la explicación, corta, junto con algunos argumentos administrativos, que dio Ávila 48 horas después del escándalo. Los bonos tuvieron que ser regresados en el mismo mes de abril.
El mote de “el secretario que se dejó llevar”, que comúnmente se publicaba en notas y columnas, molestaba al entonces secretario de Salud, quien pidió formalmente dejara de llamársele así, pues había enmendado su error.
EL CON-SU-EGRO
El desabasto de medicinas generaba quejas constantemente que se publicaban en los medios. El siguiente escándalo vino después, cuando en vez de que las recetas del Instituto Chihuahuense de la Salud se surtieran en su farmacia establecida, un pequeño local en San Felipe, con unas carpas en el exterior para que esperara la gente, era a donde se dirigía a los derechohabientes.
Resultó la farmacia de Egro, una pequeña empresa que comenzó a venderle al gobierno en esta administración y que de inmediato fue señalada por supuestos vínculos con el secretario de Salud, a través de parientes del exgobernador Francisco Barrio, consuegro, precisamente, de Ávila Valdez, lo que siempre negó el funcionario. El entonces secretario explicó que Egro había sido la única empresa dispuesta a venderle a precios justos, pues las otras, amafiadas, pretendían seguir con sobreprecios, como en el pasado.
A la vuelta de los meses, Egro terminó por demandar al Gobierno del Estado por un adeudo, que investigan hasta la fecha la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior del Estado.
Al ahora exsecretario el manejo de la Secretaría de Salud se le complicó, en el mismo año, casi al final, por el secuestro del médico Blas Juan Godínez en Gómez Farías, lo que llevó a sacar a los médicos pasantes de toda la región y a no enviar más, lo que terminó por agravar la situación del cierre y suspensión de decenas de clínicas regionales en el estado.
LO QUERÍA LA FEDERACIÓN POR “LA CONEJA”
En los últimos meses de su gestión, Ávila debió demandar el amparo de la justicia, debido a que la Procuraduría General de la República pretendía perseguirlo penalmente por no haber pagado los impuestos correspondientes de instancias de salud, una deuda que provenía desde el sexenio pasado.
En un inicio se creyó que era parte del escándalo de Egro que lo persiguió prácticamente todo un año, pero el gobernador Javier Corral fue quien salió a defenderlo, cuando se cuestionó la razón del amparo de Ávila.
Explicó básicamente tras la captura del exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, “la Coneja”, la Federación había tomado otras represalias, entre estas la de buscar a quién perseguir de su administración, tal vez en un intento de negociar la libertad de uno y otro, así que Ávila, por un incidente en apariencia intrascendente y que además era una deuda fiscal del gobierno anterior, había optado por protegerse.
Pero las constantes quejas por despido de médicos, por cierres de clínicas, por falta de personal y medicinas, la homologación del personal de salud estatal, las licitaciones y las compras que siempre generaban versiones, continuaron, por eso el Congreso del Estado decidió llamarlo a comparecer, no ante el pleno, pero sí ante la Comisión de Salud, que encabezó la priista Rocío Sáenz.
Ávila terminó por aceptar la invitación, pero luego la pospuso una semana porque se fue de vacaciones, justo antes de la fecha prevista para ir al Legislativo. Terminó por acudir el 15 de agosto, pero el contenido de su comparecencia, explicaciones, justificaciones e informe de la situación general de la Secretaría de Salud, fue opacado por uno de sus subalternos, Pedro Ramírez Godínez, también médico, quien llamó entre dientes “pendeja” a la diputada priista que encabezaba la reunión.
Ramírez Godínez se molestó por una pregunta insistente que ya anteriormente había negado Ávila Valdez, razón por la que el secretario no reprendió a su subalterno, además la sanción le llegó del Palacio de Gobierno, con una sanción de dos semanas de suspensión de sus funciones, dos semanas que probablemente nunca se cumplan, ahora que llegó el relevo de titular en la Secretaría de Salud.
LAS FECHAS CRÍTICAS DE LA GESTIÓN DE ÁVILA EN SALUD
-9 de Noviembre de 2016. Ernesto Ávila presenta las irregularidades de la Secretaría de Salud que recibió del sexenio anterior, por lo que anuncia denuncias por irregularidades superiores a los mil 500 millones de pesos
-18 de abril de 2017. Con la documentación correspondiente, El Heraldo de Chihuahua revela que Ávila Valdez se pagó un bono por 102 mil pesos en el mes de diciembre de 2017, a tres meses de su gestión como secretario de Salud; en total la SS gastó en bonos especiales a personal de reciente ingreso 1.8 millones de pesos, entre una veintena de funcionarios.
-20 de abril de 2017. “Me dejé llevar…”, fue la explicación de Ávila Valdez en torno a los bonos especiales que se dieron en la Secretaría de Salud, cuando la administración apenas cumplía 3 meses. Los bonos se pagaron con excedente de recursos, que comúnmente se aplicaba en eso cada año.
-28 de abril de 2017. El secretario Ávila y la mayor parte de los funcionarios, los de nuevo ingreso que cobraron el bono especial, lo regresaron y se archivó el expediente que la Secretaría de la Función Pública abrió a raíz de esos pagos indebidos.
-Entre mayo y junio de 2017. Los problemas de desabasto de medicamentos en hospitales estatales comienzan a generalizarse y se elevan las quejas porque no se surten las recetas que mandan los médicos.
-5 de mayo de 2017.- Las denuncias sobre falta de medicamentos comienzan a señalar a Egro, una pequeña farmacia que se abrió en San Felipe y que comenzó a sustituir a las farmacias oficiales. Egro comenzó a suministrar a la Secretaría de Salud como intermediaria.
-2 de junio de 2017.- Ávila Valdez asegura que el desabasto se debe a que la mafia de los laboratorios pretende vender las medicinas a Chihuahua muy por encima del valor del mercado, por lo que se buscaban alternativas para hacer compras más económicas y sin sobreprecios.
-15 de agosto de 2017. La Secretaría de Salud da formalmente un contrato hasta por 80 millones a Egro para el suministro de medicamentos, lo que generó acusaciones, que Ávila siempre desmintió, de que el titular tenía relación o intereses en esa empresa. Nunca se acreditó responsabilidad alguna e investigaron tanto la Función Pública como la Auditoría Superior.
-9 de noviembre de 2017. El secuestro del doctor Blas Juan Godínez en el municipio de Gómez Farías, llevó a la Secretaría de Salud a sacar de manera urgente a pasantes de medicina que hacían su servicio en unidades de la dependencia, lo que llevó a cierres de operaciones de algunos centros en toda la región noroeste, lo que hasta la fecha no se ha restablecido.
-20 de junio de 2018. La empresa Egro demanda a la Secretaría de Salud por incumplimiento de pago de más de 20 millones de pesos de medicamento, mientras persiste el desabasto en los hospitales.
-30 de junio de 2018.- Ávila Valdez presenta una demanda de amparo en tribunales federales; inicialmente se creía que estaba relacionada con el caso Egro, pero días después el gobernador Javier Corral aclaró que había solicitado la protección por una persecución de la PGR en su contra, exagerada, por un adeudo fiscal que tenía el Estado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
-15 de agosto de 2018.- El director ejecutivo de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud, Pedro Ramírez Godínez, llamó “pendeja” a la diputada Rocío Sáenz Ramírez, presidenta de la Comisión de Salud del Legislativo, durante una comparecencia del doctor Ávila Valdez.
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