La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) en la Zona Occidente obtuvo una vinculación a proceso penal en contra de Omar P. M. por su probable responsabilidad en el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria. Esta acción legal se llevó a cabo tras determinarse que el imputado dejó de cumplir con su responsabilidad de proporcionar alimentos y otros recursos esenciales a sus cinco hijos.
De acuerdo con las investigaciones de la FEM, el imputado incumplió con la resolución de un juez familiar durante el período comprendido entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022. Durante este tiempo, Omar P. M. dejó de cumplir con su obligación de garantizar a sus hijos, cuyas edades oscilan entre los 5 y los 16 años, lo necesario para cubrir sus necesidades básicas.
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En la información presentada ante un juez, se determinó que el detenido privó de alimento, educación, salud, vestido, calzado, recreación y lo necesario para garantizar la integridad de las y los menores de edad en diversas esferas de la vida, hechos que a criterio de esta representación social, constituyen el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria.
Estos actos afectaron significativamente la calidad de vida de los menores, violando su derecho a una infancia digna y protegida, tal como lo establecen las leyes nacionales e internacionales de protección a la niñez. La representación social consideró que estos hechos configuran el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, el cual está tipificado y sancionado en el Código Penal.
Tras las indagatorias y la integración de la carpeta de investigación, agentes policiales dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Omar P. M., quien fue presentado ante el juez del Distrito Judicial Benito Juárez. En la audiencia, el juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva por seis meses, al considerar el riesgo de que el imputado pudiera evadir la justicia.
Además, se le ordenó el pago de una multa y una reparación del daño a favor de las víctimas, que asciende a 119 mil pesos, monto destinado a resarcir, al menos parcialmente, los perjuicios económicos causados a los menores por la falta de cumplimiento de la pensión alimenticia.
Este caso resalta la importancia de la actuación de las autoridades judiciales en la protección de los derechos de los niños y niñas, especialmente en el ámbito de las obligaciones alimentarias. La pronta intervención de la Fiscalía permitió que se garantizaran mecanismos de justicia que buscan reparar el daño causado a los menores y enviar un mensaje claro sobre las consecuencias legales del incumplimiento de responsabilidades familiares.