Bocoyna.- Pobladores de la comunidad “Bosques San Elías Repechique”, municipio de Bocoyna, se manifestaron en las instalaciones del Aeropuerto Regional de Creel, en donde expusieron a través de pancartas una serie de inconformidades por abusos en contra de pueblos originarios tanto por autoridades como por particulares, por lo que exigieron el respeto a sus derechos como comunidades indígenas.
A través de un escrito que se envió a diversas dependencias gubernamentales, los manifestantes destacaron su inconformidad porque el gobierno del Estado y el gobierno Federal no reconoce su derecho a la tierra y territorio, así como el uso de los recursos naturales. “Cada vez nuestro derecho es violentado por personas ajenas a la comunidad, por la imposición de proyectos, como la tala de árboles, paso de la línea de luz eléctrica, instalación de aeropuerto, gasoducto y proyectos turísticos sin nuestro consentimiento”, cita textualmente la misiva.
Agregaron que constantemente son objeto de amenazas de personas ajenas a la comunidad, razón por la cual solicitaron al Gobierno Federal el derecho al reconocimiento del territorio ancestral, así como el respeto a la tierra y territorio. Alto al despojo, alto a la sobre posición de linderos.
Asimismo, exigieron ser incorporados al programa de atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER) por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y se tramite sin mayor demora en los tribunales federales.
“También, exigimos al equipo del Comité Técnico del Fideicomiso que los proyectos planteados por la Comunidad de Bosques San Elías Repechique sean aprobados sin demora, los cuales son: 1. Casa Comunal de Repechique 2. Mejoramiento de vivienda 3. Compra de equipo agrícola tractor, ya que cumplen con las reglas de operación del Fideicomiso”.
“Exigimos la liberación del recurso del fideicomiso para los proyectos mencionados en beneficio de la comunidad, y que los proyectos se realicen dentro del territorio de Bosques San Elías Repechique”, refiere el escrito.
Los inconformes reclamaron el reconocimiento de sus derechos laborales y el pago de los coordinadores nombrados por la comunidad, que están señalados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México, la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la ONU, por lo que expusieron que el Gobierno Mexicano y los juzgados tienen la obligación de garantizar, reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos para que las comunidades y pueblos puedan vivir con dignidad.