La Colectiva de Estudios Feministas Mayé convocó a académicas del grupo de trabajo de la Alerta de Género contra las Mujeres de Chihuahua, donde la maestra Verónica Terrazas hizo énfasis en que la Fiscalía requiere presupuesto y capacitación para personal especializado en atención a las personas del sexo femenino.
Por su parte, la doctora Sandra Bustillos comentó que afectan los relevos gubernamentales de personal, pues debiera permanecer todo aquel que recibe profesionalización del servicio civil de carrera, y no retirarse con el cambio de administración. Señaló que sigue habiendo retrocesos como el retiro de la autonomía con la que contaban los centros de atención a mujeres.
Verónica Terrazas mencionó que la Fiscalía tiene rezago de personal y puso como ejemplo que cada Ministerio Público tiene de 700 a mil carpetas de investigación y es imposible sacar adelante todo el trabajo.
La plática se desarrollo a través de un webinar convocado por la maestra Delma Cecilia Martínez, coordinadora de la Colectiva Mayé, que destacó que la Alerta de Género es un mecanismo de protección a las mujeres que consiste en un conjunto de acciones gubernamentales, por lo que consideraron importante que en plena transición de gobiernos, en medio de una emergencia para enfrentar y erradicar la violencia, se ponga sobre la mesa propuestas.
La maestra Verónica Terrazas coincidió en que la Alerta de Género es un mecanismo, el cual sólo existe en México, integrado por acciones de emergencia, específicas, lo que el gobierno debe de hacer, lo que por alguna razón no se ha podido llevar a cabo para garantizar los gobiernos, o por diverso motivo no se ha legislado.
Recordó que Juárez, Chihuahua, Parral, Guadalupe y Calvo, y Cuauhtémoc, son los municipios a donde está dirigida la Alerta.
La doctora Sandra Bustillos, señaló que desde antes Chihuahua contaba con distintos señalamientos por parte de instancias internacionales, en torno a abusos contra mujeres. Expuso que en la reciente generación de la reciente Alerta se lograron generar propuestas capaces de generar un esquema de trabajo para las instituciones, que resulte equitativo para la protección de niñas y mujeres, pues la realidad actual es un constante crecimiento de la violencia contra ellas.