Tras la jornada violenta ocurrida durante la madrugada del día 4 de noviembre en distintos puntos de la ciudad de Cuauhtémoc que dejó como saldo la muerte de cinco personas y una más lesionada, el director del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, Edgar Alí González Reyes, afirmó que la estrategia de seguridad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno no termina por establecerse, al demostrar que no se ha logrado contener la ola de violencia por parte de grupos del crimen organizado.
Insistió en señalar que, a pesar de la reducción de la cifra de homicidios dolosos, que en lo que va del año son de 70 víctimas, a diferencia de las 141 muertes en el mismo periodo del 2021, lo cierto es que no se ha logrado ser sostenible en la contención de eventos como los registrados en los primeros minutos del día 4 de noviembre.
Agregó que el problema de inseguridad tiene un contexto histórico y multicausal, como lo son el bajo estado de fuerza en los cuerpos de seguridad local, así como la falta de la permanencia y suficiencia de agentes del Estado o federales que contengan o disuadan estos hechos delictivos.
Aunado a ello, Edgar Alí recalcó que sigue sin haber reformas estructurales que puedan garantizar el control del tráfico de armas, como también la legislación de cierto tipo de drogas, además de la promoción de más y mejores programas de carácter social y económicos que brinden estos factores de protección, sobre todo a la población joven.
“Más allá de esto, en Cuauhtémoc, en Chihuahua o el país, seguimos bajo esta dinámica de violencia… esperamos que ya en el ámbito local con la inversión que el Estado planea dentro de la plataforma Centinela, existan por fin estos mecanismos para que con esta tecnología que se prevé, se tengan esas herramientas no sólo para disuadir el delito sino para resolverlo”, expresó González Reyes.
Puntualizó que además de resolver los delitos es prioritario reducir la impunidad que existe y que es el “combustible” para que este tipo de hechos se sigan presentando, y paralelamente se privilegie la dignificación policial a través de mejores prestaciones para los agentes o sus familias, así como que exista la evaluación externa que brinde transparencia en el ejercicio de la acción en seguridad para el beneficio de toda la población.
