El Sistema Penitenciario de Chihuahua gasta mensualmente 5 millones 523 mil pesos en manutención de 700 reos que purgan penas por delitos del fuero federal y éstos representan cerca del 10% de la población atendida en cárceles estatales.
De los recursos económicos que se destinan para la vigilancia y mantenimiento de los penales, se estima un costo diario de 263 pesos por cada una de las personas privadas de la libertad, lo que representa un gasto diario superior a los 2 millones de pesos, 60 millones mensuales y unos 700 millones al año.
Pese a lo anterior, la Federación no ha contemplado al estado de Chihuahua en la estrategia nacional para el reacomodo de presos federales en los estados como Nuevo León y Tamaulipas, organizado en semanas recientes por el Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
En recientes meses la Federación hizo una aportación de 2 millones 500 mil pesos, los cuales corresponden a un fondo para reos del fuero federal, sin embargo, dicho recurso corresponde al primer trimestre del año 2016, por lo que hay tres años de atrasos, por lo menos, en la entrega de recursos.
Asimismo, por parte del gobierno estatal se ha hecho la petición a la Federación de enviar a personas privadas de la libertad a diversos centros de acuerdo a lo que establece la ley (diagnósticos de viabilidad, capacidades, situación jurídica, entre otros), a fin de aminorar la sobrepoblación actual, pero desde el año 2011 la Federación no realiza traslado de reos que son de su competencia atender.
La Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales es la institución responsable de la vigilancia y administración de los 11 Centros de Reinserción Social del Estado de Chihuahua (7 varoniles, 2 femeniles y 2 para adolescentes infractores).
Estos penales se encuentran en los municipios de: Aquiles Serdán, Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes y Guachochi.
La población aproximada es de 7 mil 600 hombres, 400 mujeres y 80 adolescentes infractores, obteniendo una población de 8 mil 100 personas privadas de la libertad.
En lo referente a la capacidad, la problemática principal se concentra en el Cereso estatal número Uno (Aquiles Serdán), donde se tiene un excedente del 22% y el Centro número Tres en Ciudad Juárez donde hay un 1% de sobrepoblación. A nivel estatal se estima un 10% de sobrepoblación (al hablar de la relación camas-personas privadas de la libertad).
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