La venta de plazas en Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) podría ser la causa de que la maestra Martha Cruz Martínez siga batallando para que se le haga justicia y sea reinstalada en su lugar de trabajo.
Desde hace tres años fue cesada por Servicios Educativo del Estado de Chihuahua debido a que denunció varias irregularidades existentes en el sistema, entre ellas acoso sexual, laboral y situaciones administrativas que violentaban los derechos humanos de los alumnos.
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A pesar de que existe una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que se les dio vista al organismo nacional y a la presidencia de la República, no hay una respuesta favorable para la docente.
A la fecha, existen alrededor de 12 casos en la misma situación, los docentes fueron cesados de su labor con pretextos, algunos otros ya han muerto sin que se hubiera resuelto su situación.
La maestra denunció que sus problemas iniciaron cuando el inspector Rafael Castañón Pérez llegó al sector de la donde se ubica la escuela primaria federal Salvador Allende. A la maestra Martha le levantaron varias actas administrativas, la empezaron a acosar y a hostigar, fue víctima de humillación, discriminación y amenazas.
La acusaron de falta de probidad u honradez, desacato constante a la autoridad, alterar el orden y la disciplina.
A pesar de que cuenta con los documentos para desechar cada una de las acusaciones, no le recibieron una sola prueba.
“Solo presenté un manifiesto de inconformidad y de ahí se me vino una etapa de acoso laboral, ya me costó mi salud”, relató la docente. Al llegar Rafael Castañón realizó cambios, entre ellos asignarle los dos grupos de primero para que la otra maestra se fuera a la subdirección.
La maestra Martha desea se le reincorpore de manera inmediata a su centro de trabajo, ya que es la única fuente de ingresos de la cual subsiste.
“Buscaban cómo afectarme”, dice la docente, a quien acusaron de no vacunarse contra el Covid 19, cuando se le garantizó que sus derechos laborales no se verían afectados.
A pesar de que existen documentos y pruebas, no le aceptaron nada para defenderse.
La docente considera que el proceso que derivó su cese está plagado de irregularidades y arbitrariedades. Incluso la citaron en el Órgano Interno de Control donde Alejandra Fuyivara le notificó que al profesor Rafael Castañón no se le puede estar investigando por los mismos delitos, ya que en la zona escolar 29 en el sector 01 ya había cometido delitos similares.
“Es tanta la protección a los reales delincuentes, sin que nadie haga nada, solo porque tienen influencias”.
La maestra considera que las plazas docentes tienen un buen precio, al grado que quieren hacerla a un lado, ya que le ofrecieron otra plaza en Juárez, una plaza nueva en la que perdería todas las prestaciones y la antigüedad.
La recomendación de la CEDH admite la responsabilidad de las personas servidoras públicas adscritas a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua en varios actos u omisiones en los hechos que rodearon el cese de la docente.
Se determina que deben reparar el daño y capacitar al personal para que estas situaciones no vuelvan a repetirse.
La recomendación para Donaciano Héctor González Estudillo, director general de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua es que se inicie el proceso administrativo que corresponda contra las personas servidoras públicas de la dependencia involucradas en los hechos que afectaron a la maestra Martha Cruz.
Con el cambio en la Secretaría de Educación y Deporte esperan que haya alguna resolución favorable, porque ya son tres años y la lucha por su empleo continúa.
