/ domingo 12 de mayo de 2019

De origen chino, falso fármaco contra cáncer

Al ser detectado el suministro a 8 pacientes del Centro Estatal de Cancerología, el medicamento fue ocultado y desaparecido en la SS

Una parte del lote de medicamento “pirata” con etiquetas chinas para quimioterapias que sólo contenía agua y suero, surtido al Centro de Oncología y Pensiones Civiles del Estado, comprado durante la administración de César Duarte en el periodo 2012-2014, se ocultó en el Departamento Jurídico de la Secretaría de Salud, pero desapareció antes de que hubiera lugar a denuncias con consecuencias penales, lo que provocó inmunidad a los funcionarios de esa época.

Según narraciones de personal de la Secretaría de Salud en funciones en la pasada administración, dicha área recibió quejas por lotes de ampolletas que un hospital de la ciudad regresó al sistema de Pensiones; área que sólo notificó por medio de actas administrativas a la Coespris y al laboratorio encargado de la distribución del medicamento, pero “No hubo denuncia ante ninguna autoridad y todo se quedó interno, incluso las muestras las desaparecieron”.

Previamente, el Centro Estatal de Cancerología había detectado la presencia de medicamento “pirata”, esto gracias a que un representante de los laboratorios Lily no identificó como de su compañía los envases, el aspecto del medicamento y el etiquetado.

Únicamente en este caso, la Secretaría de Salud en el periodo del doctor Sergio Piña Marshall abre una investigación en octubre del 2012 y se determina que es un medicamento falso, por lo que da vista a la PGR, que inicia las investigaciones, sin poder determinar la culpabilidad de ningún personaje, hasta que en 2015 se desiste la propia dependencia de salud de seguir el curso de las indagatorias.

Cabe mencionar que al detectar la presencia del medicamento falso, la administración del doctor Piña retira los lotes, se da seguimiento a los pacientes que recibieron la solución apócrifa y se compra nuevo y original.

En febrero de 2017 el Gobierno del Estado reabrió la investigación para determinar la culpabilidad de los funcionarios duartistas y llevarlos ante la justicia, pero el caso está estancado.

Según el gobierno estatal, la nueva administración encabezada por Javier Corral detectó en 2012 un lote de 40 dosis de medicamento apócrifo, utilizado en tratamientos contra el cáncer, que se suministró a al menos ocho pacientes del Centro Estatal de Cancerología.

Fue en la farmacia de esa institución especializada donde se detectó, en septiembre de 2012, que se habían utilizado 20 cajas y quedaban otras 20 más que presentaban un empaque no correspondiente al original para el medicamento Gemcitabina, utilizado en tratamientos oncológicos.

Se indicó que se pudo documentar que 20 dosis fueron suministradas a ocho pacientes, aunque no se descarta que anteriormente se haya proporcionado más medicamento en similares condiciones de adulteración.

La conclusión fue que si bien la sustancia suministrada no ayudó a los pacientes, tampoco los afectó, por lo que el Departamento Jurídico de la propia Secretaría de Salud decidió dar “carpetazo” a esta investigación en el mes de julio de 2014, lo cual fue considerado como lamentable por el actual titular de la dependencia.

Actualmente, la PGR y la fiscalía determinarán quién hizo la compra, quiénes son los responsables y a quiénes se les fincarán los cargos, por diversos delitos aparte del daño a la salud, como lo son fraude por la reetiquetación y manipulación de los medicamentos del laboratorio.

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Una parte del lote de medicamento “pirata” con etiquetas chinas para quimioterapias que sólo contenía agua y suero, surtido al Centro de Oncología y Pensiones Civiles del Estado, comprado durante la administración de César Duarte en el periodo 2012-2014, se ocultó en el Departamento Jurídico de la Secretaría de Salud, pero desapareció antes de que hubiera lugar a denuncias con consecuencias penales, lo que provocó inmunidad a los funcionarios de esa época.

Según narraciones de personal de la Secretaría de Salud en funciones en la pasada administración, dicha área recibió quejas por lotes de ampolletas que un hospital de la ciudad regresó al sistema de Pensiones; área que sólo notificó por medio de actas administrativas a la Coespris y al laboratorio encargado de la distribución del medicamento, pero “No hubo denuncia ante ninguna autoridad y todo se quedó interno, incluso las muestras las desaparecieron”.

Previamente, el Centro Estatal de Cancerología había detectado la presencia de medicamento “pirata”, esto gracias a que un representante de los laboratorios Lily no identificó como de su compañía los envases, el aspecto del medicamento y el etiquetado.

Únicamente en este caso, la Secretaría de Salud en el periodo del doctor Sergio Piña Marshall abre una investigación en octubre del 2012 y se determina que es un medicamento falso, por lo que da vista a la PGR, que inicia las investigaciones, sin poder determinar la culpabilidad de ningún personaje, hasta que en 2015 se desiste la propia dependencia de salud de seguir el curso de las indagatorias.

Cabe mencionar que al detectar la presencia del medicamento falso, la administración del doctor Piña retira los lotes, se da seguimiento a los pacientes que recibieron la solución apócrifa y se compra nuevo y original.

En febrero de 2017 el Gobierno del Estado reabrió la investigación para determinar la culpabilidad de los funcionarios duartistas y llevarlos ante la justicia, pero el caso está estancado.

Según el gobierno estatal, la nueva administración encabezada por Javier Corral detectó en 2012 un lote de 40 dosis de medicamento apócrifo, utilizado en tratamientos contra el cáncer, que se suministró a al menos ocho pacientes del Centro Estatal de Cancerología.

Fue en la farmacia de esa institución especializada donde se detectó, en septiembre de 2012, que se habían utilizado 20 cajas y quedaban otras 20 más que presentaban un empaque no correspondiente al original para el medicamento Gemcitabina, utilizado en tratamientos oncológicos.

Se indicó que se pudo documentar que 20 dosis fueron suministradas a ocho pacientes, aunque no se descarta que anteriormente se haya proporcionado más medicamento en similares condiciones de adulteración.

La conclusión fue que si bien la sustancia suministrada no ayudó a los pacientes, tampoco los afectó, por lo que el Departamento Jurídico de la propia Secretaría de Salud decidió dar “carpetazo” a esta investigación en el mes de julio de 2014, lo cual fue considerado como lamentable por el actual titular de la dependencia.

Actualmente, la PGR y la fiscalía determinarán quién hizo la compra, quiénes son los responsables y a quiénes se les fincarán los cargos, por diversos delitos aparte del daño a la salud, como lo son fraude por la reetiquetación y manipulación de los medicamentos del laboratorio.

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