Tras haber sido aceptada la controversia constitucional 180/2020, el consejero jurídico Jorge Espinoza Cortés adelantó que en un plazo de cuatro a cinco días, el gobierno de la República tendrá que reintegrarse a las mesas de seguridad del estado de Chihuahua de forma provisional, por instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Consideró que la salida de las autoridades federales de la coordinación de seguridad se debió a un “capricho” para desincorporarse de un tema fundamental como lo es la seguridad, que no sólo afecta al estado, sino que pone en juego a los ciudadanos, su patrimonio y la integridad en su conjunto.
Dijo que el gobernador del estado Javier Corral Jurado fue el encargado de presentar la controversia constitucional ante la SCJN, la cual fue considerada de urgencia para su resolución, por lo cual fue aceptada el día de ayer y se espera que dentro de los próximos días se resuelva de forma provisional para restituir las mesas de seguridad.
“Fórmese y regístrese el expediente físico y electrónico relativo a la controversia constitucional que plantea quien se ostenta como gobernador del estado de Chihuahua, en representación del Poder Ejecutivo de la entidad, contra el poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, dice el documento recibido por la corte.
Jorge Espinoza comentó que dicho recurso va encaminado a combatir el acuerdo de las instituciones de seguridad con respecto a la descoordinación en materia de seguridad, toda vez que existen artículos que establecen dicha coordinación, así como lo marca la Ley Federal en Materia de Seguridad.
Explicó que no seguir con los artículos que piden una coordinación entre estado y la federación pueden ser omisiones graves en materia de seguridad, por lo cual debe ser conocimiento de la Suprema Corte de Justicia, para que analice esta controversia y fije una postura sobre el fondo del asunto.
“Vamos a esperar a que el ministerio que le toque, que la conozca y en unos días podrá emitir una postura provisional para suspender el efecto hasta que se llegue a resolver el fondo, pero por lo pronto que los obligue a reincorporarse a esa coordinación”, comentó el consejero jurídico del estado.
El consejero jurídico de gobierno del estado, Jorge Espinoza Cortés, explicó que la controversia elaborada por la oficina a su cargo, se basa en tres temas principales:
1. Sustentar la inconstitucionalidad de la decisión errónea del gobierno federal de alejarse y abandonar la mesa de seguridad del estado de Chihuahua.
2. Buscar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspenda ese abandono y obligue al gobierno federal a cumplir con su obligación de coordinarse con el estado en materia de seguridad.
3. Buscar que el gobierno federal cumpla con su obligación constitucional de brindar seguridad a los chihuahuenses.
En la controversia se destaca que la coordinación en materia de seguridad pública es una obligación de los tres órdenes de gobierno, ya que está mandatada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se argumenta que en el Artículo 21 establece que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, de los estados y de los municipios, los cuales deben coordinarse, en los términos señalados por la ley, para fijar un sistema nacional de seguridad pública.
Agrega que el gobierno de la República debe velar por el derecho superior colectivo de brindar seguridad pública a los ciudadanos del estado de Chihuahua, en un marco de coordinación de estrategias.
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