La Fiscalía General del Estado detecta posibles riesgos para el desarrollo del próximo proceso electoral en por lo menos 14 municipios del estado, donde en años pasados o en previas elecciones se documentaron agresiones, denuncias y homicidio de candidatos dentro del territorio estatal.
A través de investigaciones, denuncias, así como hechos relacionados con la inseguridad, se ha conformado un posible mapa de “riesgo” para el próximo proceso electoral, toda vez que existen antecedentes importantes donde distintos grupos del crimen organizado tienen injerencia y participan de forma indirecta en el proceso electoral.
De acuerdo con las intervenciones y demás investigaciones que ha realizado la Fiscalía General del Estado en un periodo de cinco años, algunos municipios como Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Chínipas, Bocoyna, Jiménez, Coronado, Parral, Chihuahua, Juárez, Urique, Guachochi y Madera cuentan con antecedentes en pasados procesos electorales.
Según información interna de la dependencia, estos municipios han tenido gran presencia de grupos del crimen organizado, principalmente del cártel de Sinaloa y cártel de Juárez, y a lo largo de al menos seis años han tenido importantes eventos de alto impacto que podrían generar un riesgo en el proceso.
Tal fue el caso que se registró en marzo en el municipio de Nuevo Casas Grandes, donde fue asesinado el candidato a la alcaldía por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Yuriel Armando González Lara, quien fue privado de la vida a lado de su escolta por un grupo armado cuando se encontraba en las calles del Centro de la ciudad.
Días antes de que fuera ultimado el candidato, el director de la Policía Municipal, Julio César Ramírez, quien pertenece a otro partido político, también estuvo a punto de morir tras sufrir un atentado, atribuido al grupo criminal La Línea, el cual presuntamente cuenta con intereses para mantener el control de dicho municipio.
Aunque hasta el momento no se han recibido solicitudes para que las autoridades estatales otorguen protección para los candidatos en el proceso electoral, la Fiscalía General del Estado es la dependencia que estará encargada de recibir estas solicitudes, como ha surgido año con año en los procesos de elección.
En diciembre de 2020, el exalcalde de Chínipas, Hugo Amed S. A. fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República por su presunta participación en el homicidio de la periodista Miroslava Breach, y quien había sido acusado de brindar protección al grupo de Los Salazar, que además mantiene el control político de esa zona.
Actualmente en Chínipas se encuentra como alcalde Salomé Ramos Salomón, quien está casado con la hermana del presunto líder criminal Jesús Alfredo S. R. que actualmente se encuentra capturado, pero mantiene el control de la organización, según trascendió en el juicio oral en contra de Juan Carlos M. O., “el Larry”.
En 2017, el doctor Blas Juan Godínez fue privado de la vida en Gómez Farías, meses después su hijo (Blas Juan Godínez Ortega) inició el activismo para ubicar a los responsables y el partido Morena le entregó la candidatura para la alcaldía, y el 8 de septiembre de 2018 fue baleado por un sujeto armado que ingresó al consultorio para privarlo de la vida.
En repetidas ocasiones la Fiscalía General del Estado a su vez ha detectado filtración de grupos criminales en varios municipios del estado, como ha ocurrido en Parral, Madera, Coronado, Urique, Cuauhtémoc y otros puntos más del estado, donde incluso agentes municipales presuntamente colaboran con los delincuentes.
Dentro del municipio de Urique se encuentra uno de los capos con mayor presencia en la zona serrana de Chihuahua, Jesús Noriel P. G., “el Chueco”, quien es acusado de cometer decenas de delitos y desapariciones en esa región y mismo que cuenta con una “mano derecha” de nombre Pedro D. G., quien es hermano de la alcaldesa de ese municipio, Mayra Díaz Gutiérrez.
En el proceso electoral de 2018, por lo menos 101 candidatos fueron privados de la vida en diversos estados de la República Mexicana, donde al menos cinco corresponden al estado de Chihuahua, quienes murieron a manos de la delincuencia organizada en varias partes de la entidad.
De igual forma, en ese mismo periodo, en el municipio de Ignacio Zaragoza se registró un fuerte enfrentamiento armado, a meses de que se diera la votación, donde quemaron más de cinco viviendas, mataron dos candidatos y destruyeron las propiedades de un candidato para que se reservara a participar en el proceso, ya que deseaban impulsar a otro candidato.