La Fiscalía General del Estado no solicitó órdenes de aprehensión en contra de Jesús Ignacio Pérez Parra de 45 años, Carlos Humberto Antillón Pérez de 33 años y Demetrio Arturo Banda Rascón de 31 años, integrantes del Nuevo Cártel de Juárez, a quienes detuvieron el 5 de septiembre portando un arma de fuego, mismos que fueron liberados por la Procuraduría General de la República.

El arresto de dichos sujetos ocasionó que un convoy de 19 policías fuera atacado a balazos y con bombas molotov en el kilómetro 46 de la carretera que va de San Pedro, Guerrero, a San Juanito, municipio de Bocoyna.

Los sujetos, quienes fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República, con sede en Cuauhtémoc, fueron liberados tras pagar una fianza por la portación de un arma calibre 10 milímetros.

Los hechos del arresto por parte de policías estatales ocurrieron en San Juanito, cuando detuvieron a los tripulantes de una camioneta en las calles Tamaulipas y Barrio el Panteón.

A dichas personas se les decomisó una Chevrolet Silverado 2001 de color blanco.

La Fiscalía General del Estado argumentó que estos no tenían órdenes de aprehensión porque hasta ese momento sólo habían cometido un delito del orden federal y no estatal, a pesar de que el arresto de los tres integrantes del grupo criminal “La línea” ocasionó que tras ser puestos a disposición del Ministerio Público Federal, compañeros de los arrestados organizaran una emboscada en el kilómetro 46 de la carretera Gran Visión que conduce al corazón de la Sierra Tarahumara.

Los detenidos ahora se encuentran en libertad y se reintegraron al grupo comandado por César Manjarrez Alonso alias “el H2”, quien se ha denominado el líder del Nuevo Cártel de Juárez.

En la agresión registrada el jueves 5 de septiembre fallecieron los agentes estatales: Santiago Domingo Herrera, Édgar Chavira Juárez, Víctor Ortega Morales y Rafael Alemán Hinojos; 7 resultaron con lesiones entre graves y leves, pero fueron atendidos en hospitales de Chihuahua y Cuauhtémoc.

Después del ataque algunos policías que lograron sobrevivir pidieron auxilio por radio, por lo que se activaron los códigos de emergencia del Ejército y Policía Federal, que mantiene un operativo permanente en la región, y Policía Estatal, que también tiene campamentos instalados en la zona para apoyar a los heridos y comenzar la búsqueda de los agresores.

Desde ese momento fueron instalados retenes en brechas y carreteras de la región, además de que se desplegaron brigadas mixtas por los pueblos y comunidades.