La imposibilidad de pagar una deuda de 60 mil pesos y el acoso constante de sus acreedores llevó a Martina a la desesperación y a considerar quitarse la vida. Su pesadilla comenzó tras involucrarse en la venta de vales, actividad que en vez de ser un negocio para ella la llevó a endeudarse y a tomar dinero de una cuenta bancaria que le confió su hija hasta que el efectivo se terminó.
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El anterior es uno de los varios casos atendidos en la oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en este municipio, cuyo visitador general, César Salomón Márquez, comentó que personas dedicadas a distribuir vales de dinero o mercancía se ven impedidas a pagar sus cuotas en virtud de que sus clientes dejan de cumplirles.
Lo anterior genera que despachos de cobranza realicen acciones de hostigamiento e incluso amenazan a los distribuidores con causarles algún daño, de tal forma que éstos caen en angustia por la presión. De las personas atendidas por el visitador, tres le confesaron que pensaban en privarse de la existencia.
Y es que de día y de noche los empleados de cobranza los importunan ya sea con llamadas telefónicas o con visitas a sus domicilios y centros de trabajo. Las amenazas pueden ir desde embargarles sus bienes o atacarlos en su persona.
Márquez recordó a la ciudadanía que ya existe el delito de cobranza ilegítima, como lo tipifica el Código Penal, donde –dijo- podrían encuadrar las amenazas y el hostigamiento hacia los deudores.
Por lo anterior, recomendó a los afectados poner su denuncia ante el Ministerio Público o llamar al 911 para solicitar la presencia policiaca si están siendo acosados o les están cobrando de alguna forma grosera.
Estos consejos recibió la señora Martina, quien al parecer dejó de lado la idea de no querer vivir más puesto que ésta –recalcó el visitador de la CEDH- no es la solución a los problemas.
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