DELICIAS.- A más de 120 millones de pesos se calcula que asciende el monto de los recursos obtenidos por la venta ilegal de derechos para sembrar, acción por la cual fueron señalados el presidente y gerente de la mesa directiva del Módulo 7; por su parte, el abogado representante de los usuarios, Julio Medina, confirmó que existen varias demandas penales por malos manejos.
Agricultores de la zona de Lázaro Cárdenas, que corresponde al módulo de riego mencionado, refirieron que el problema surgió hace seis años, cuando el señor Isidoro Porras asumió la gerencia de la asociación de usuarios.
Señalaron que desde entonces comenzó la venta de derechos de agua a gente que tiene lotes del Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua y Rendimiento del Distrito de Riego (PADUA), en detrimento de los usuarios del módulo, quienes vieron mermada su dotación de agua y que, por lo tanto, representa un robo.
La venta de derechos se realizó al principio a razón de 30 mil pesos por hectárea, pero últimamente subió a 45 mil pesos, según refirieron los quejosos. La superficie del programa PADUA alcanza las 3 mil hectáreas, por lo que la directiva del módulo se habría quedado con más de 120 millones de pesos.
Denunciaron que la corrupción está a la vista pero la mayoría de la gente del módulo no dimensionaba el problema, señalando que tanto el presidente Raúl Vázquez como el gerente Isidoro Porras poseen casas, granjas, ranchos, vehículos y tractores nuevos.
Mientras tanto, acusaron, se descuidó la conservación de los canales de riego a tal grado que sobre algunas losas de concreto han crecido árboles.
Julio Medina Chávez, abogado que representa a los usuarios inconformes por el manejo del módulo, confirmó que existen por lo menos diez demandas penales en contra de quien resulte responsable de haber lucrado con la venta de derechos para siembra.
Señaló que el Ministerio Público Federal deberá ordenar una auditoría a la Comisión Nacional del Agua para corroborar los malos manejos, luego de que fueran interpuestas las demandas ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Expuso que fue presentada una denuncia por cada lote afectado al que escatimaron sus derechos de agua y se espera que en esta semana incremente el número de querellas.
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