Una persona con VIH, en promedio, gasta de 20 a 50 mil pesos mensuales en su tratamiento, señaló Sara Quirarte, directora de Fátima Institución de Beneficencia Pública, quien señaló que la prueba de VIH no es exigible para obtener un puesto de trabajo o ingresar a una institución escolar.

A la fecha, los programas de apoyo a organizaciones dedicadas al combate y prevención del VIH se encuentran suspendidos a pesar de que el recurso existe y está etiquetado.

Por ahora trabajan con sus propios recursos para atender a la población e incluso a la migrante, por quienes han tenido que interponer amparos para que accedan a un tratamiento médico, ya que el Seguro Popular sólo les cubre durante tres meses, mientras regularizan su situación migratoria.

“El VIH no se ve, por eso es importante detectar a tiempo y acceder a un tratamiento logrando que el virus deje de reproducirse”, dijo la directora de Fátima, donde algunos de los usuarios se vieron afectados por el desabasto de retrovirales, ya que el gobierno federal no realizó la compra consolidada para abastecer para un año, a la fecha en la Secretaría de Salud están a la espera de que lleguen los retrovirales para los siguientes tres meses.

Explicó que hay personas que aunque ya han sido diagnosticadas, por miedo y el estigma no acuden a atenderse, su condición se deteriora y cuando lo hacen ya es demasiado tarde, porque es difícil bajar los niveles del virus.

La discriminación también abona a que las personas no acudan a pedir ayuda, sobre todo porque temor a perder el empleo. Ante ello, dijo que nadie puede obligar a una persona a realizarse una prueba de VIH ya que son voluntarias, incluso hay instituciones escolares que también solicitan la prueba, la cual no está permitida como exigencia o requisito de acuerdo a la NOM-010, porque incluso quienes sean víctimas pueden interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Sara señaló que en últimas fechas han estado participando en las mesas de trabajo a nivel federal debido a que los apoyos están suspendidos, por ejemplo la convocatoria que lanzaba Censida para organizaciones dedicadas a la lucha contra el virus y a través de proyectos obtenían recursos para la prevención, así como compra de pruebas rápidas y condones, se encuentra suspendida.

Aunado a los cambios que se han dado para los medicamentos, al respeto señaló que el desabasto es una prueba de la falta de acción, pues no se realizó la compra de retrovirales en el mes de abril, la cual se hacía para dotar a las entidades de medicamentos durante el año, se está analizando la posibilidad de retirar algunos medicamentos, sin embargo las personas diagnosticadas requieren medicamentos de calidad que no provoquen efectos secundarios.

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