Familiares de los ex policías municipales de Buenaventura, Enrique Lozano Saucedo, Manuel Héctor Arreola Soto, Héctor Manuel Alcalá, que fueron implicados en un caso de desaparición forzada declararon que ellos se encuentran en prisión de manera injustificada y que la Fiscalía busca fabricar culpables a causa de la presión que ejerció el vecino estado de Sonora para clarificar el caso debido a que uno de los desaparecidos es originario del municipio de Cananea.
La audiencia intermedia donde se iba a cambiar la ciudad sede para llevar a cabo el proceso penal en contra de los ex servidores públicos por la presunta desaparición forzada de Jesús Martín Miranda Cruz y Jesús Antonio Servín Ramos, de los cuales no se sabe nada desde el 12 de mayo del 2017, hubo de suspenderse debido a que la juez se declaró incompetente de jurisdicción.
El doctor Jesús Lozano, hermano de Enrique Lozano Saucedo, en ese entonces director de la Policía Municipal, mencionó que ha transcurrido un año 6 meses en un juicio lleno de falsedades y de malos manejos de la Fiscalía, pues se han presentado 13 testigos que desvinculan a los 3 agentes en el caso de la desaparición de los dos jovencitos; además ventiló que hubo un intento de coacción para declarar en contra de los tres agentes, por parte del oficial de Barandilla que laboró el día de los hechos, para que los responsabilizara del caso.
“Estamos aquí peleando por esta injusticia, es muy importante que se resuelva este caso para bien, es comprensible y lástima que se hayan perdido los muchachitos, uno lo entiende, pero también hay que entender que cuando no se es culpable no se es”, dijo Jesús.
Mencionó que el afán de la Fiscalía de tenerlos presos ha desviado la atención de la investigación y no se ha aceptado como medio de prueba el uso de las tarjetas de crédito de los muchachos, las imágenes de su camioneta en la caseta de Villa Ahumada horas después de su desaparición y que desvincula totalmente a los oficiales.
Recriminó que la Fiscalía haya solicitado asesoría jurídica: “porque no pueden comprobar su culpabilidad, y la culpabilidad es muy sencilla comprobarla”.
Dijo que su hermano se entregó pacíficamente, y eso es señal de que el que nada debe nada teme; “entregó su porte de armas, cuando uno tiene algo que ver en un delito, claro que sale a sangre y fuego, para morirse con ellos”.
Para Enrique Lozano Saucedo hay vendettas en el caso: “hay muchos casos de que salen libres con pruebas en la mano, siendo culpables, y quienes son inocentes los quieren tener retenidos, aquí la situación es muy turbia”.
Esto es muy sencillo, “buscaron un culpable, pero no se les han podido comprobar”.
“No hay firmas, no hay comprobante que ellos los hayan detenido, lo que quiero es un testimonio, un video, donde mi hermano y los agentes aparezcan como responsables, pero no hay nada”, expone Jesús.
Explicó que la detención de los agentes ocurrió tras el dicho de uno de un joven que acompañaba a los dos desaparecidos y éste declaró que los detuvieron tres hombres vestidos con chalecos, botas tácticas y camisas tipo polo y que eso fue motivo suficiente para inculparlos.
Jesús Lozano declaró que durante el año y medio de proceso han cancelado 10 audiencias, sólo porque quieren alargar el proceso porque no tienen pruebas.
Cabe mencionar que las familias de los tres oficiales inculpados ubican en diferente tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos a los tres implicados, Arreola se encontraba en una fiesta de XV años, el agente Alcalá en un Alsuper y por último el jefe de la DSPM de Buenaventura estaba en trayecto a la ciudad tras haber acudido a la Conferencia Estatal de Seguridad Pública Municipal, que encabezó el gobernador Javier Corral, el 12 de mayo del 2017, día en que ocurrió la presunta detención y posterior desaparición de los dos muchachos.
LO QUE DICE LA FISCALÍA
A las 17:30 horas, los agentes Enrique Lozano Saucedo, Manuel Héctor Arreola Soto y Héctor Manuel Alcalá detuvieron a los jóvenes Jesús Martín Miranda Cruz, originario de Cananea, Sonora; y Jesús Antonio Servín Ramos, oriundo de Chínipas, junto con otro joven, aparentemente el director de la policía interrogó a los jóvenes, pero sólo liberó a uno de los tres, posterior al supuesto arresto, ya no se supo nada de los vacacionistas que pasaban por el municipio de Buenaventura.
En un comunicado de prensa, la Fiscalía informó que los oficiales son los presuntos responsables de la desaparición y días después de la denuncia de la familia de los desaparecidos personal de Asuntos Internos y de la Comisión Estatal de Seguridad de la FGE realizaron la captura tras la orden de aprehensión librada por un juez de Control del Distrito Judicial Galeana.
Las víctimas viajaban junto con otra persona en una camioneta GMC Envoy, modelo 2002 y un auto compacto, pero cuando llegaron a la altura de una gasera fueron detenidos por los agentes policiacos y fueron trasladados a la comandancia donde el jefe de la policía Enrique los interrogó, según establece el expediente de la FGE.
“Enseguida el jefe policiaco ordenó que la tercera persona detenida que acompañaba a las víctimas fuera puesto en libertad. No así a las víctimas de quienes ocultaron su detención”, se detalló.
A su vez, la autoridad resaltó que Enrique L.S. tampoco realizó el registro de ambos de su detención y no los puso a disposición de alguna autoridad.
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