Cuatro de 15 empresas instaladas en parques industriales de la entidad fueron denunciadas por la vía penal luego de que se detectara que incurrieron en un supuesto fraude al no cumplir con lo establecido por la Ley de Fomento Económico de Chihuahua.
Fue la Secretaría de Desarrollo Económico que, a través de la Promotora para el Desarrollo de Chihuahua, cedió terrenos de manera gratuita a cambio de un impulso al empleo, que nunca realizaron; el convenio signado incluía el ofrecimiento de empleo formal y la apertura paulatina de plazas al año.
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Una investigación realizada por El Heraldo de Chihuahua reveló datos concernientes a que la pasada administración y anteriores se entregaron terrenos en los 9 complejos industriales a empresas de diferentes giros, y que en un inicio fueron acreedoras al subsidio del terreno, sin embargo, cuando el gobierno estatal entrante realizó una serie de auditorías para verificar la implementación del programa encontró que los particulares inscritos nunca correspondieron a los convenios establecidos.
Hasta el momento sólo tres de las 15 empresas entregaron al gobierno estatal los terrenos, lo que representa hasta ahora, para el erario, un total de 21 millones de pesos recuperados.
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Cuatro empresas más enfrentan un litigio de tipo penal ante la Fiscalía General del Estado por su negación reiterada a llegar a un acuerdo con el Estado para su permanencia, las cuales se ubican en Chihuahua, Parral, Casas Grande y Aldama. Y ocho más acordaron una prórroga con el fin de regularizar su situación.
“Las indagatorias sobre empresas incumplidas llegarán hasta las últimas consecuencias”, ha señalado la secretaria de Innovación y Desarrollo, Alejandra de la Vega, con el fin de recuperar el patrimonio estatal.
Actualmente se enfrentan litigios civiles contra una empresa de Parral, una de Chihuahua, dos en Aldama, una en Casas Grades, otra en Delicias y una más en el municipio de Ascensión en las cuales existe la factibilidad de otorgar una prórroga para que dichas plantas cumplan con los acuerdos.
Consultado al respecto, Fabián Santana, titular de la Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua, existió un incumplimiento total del uso de un programa emanado de contratos civiles de parte de las empresas en mención.
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Señala que los particulares siempre tuvieron a su alcance los mecanismos de recisión de los contratos, en caso de que dentro de sus operaciones no rindieran frutos, pero nunca notificaron de esta situación al gobierno estatal.
El esquema de Fomento Económico que subsidia terrenos para naves industriales se creó con la idea de generar empleos, impulsar la industria nacional y extranjera desde hace 40 años en los 9 parques industriales existentes en el estado.
Santana dijo que la nobleza del programa radica en que a los industriales no les genera un costo el terreno donde se instalan, lo que les da competitividad y una razón para que volteen a ver a Chihuahua por sus bondades para hacer negocios.
“Nosotros encontramos en esta administración que algunos proyectos habían avanzado, que estaban bien, pero localizamos que una serie de empresas no habían cumplido el compromiso”.
“Encontramos empresas que no cumplieron, muchas de ellas chihuahuenses y un par extranjeras, por lo que nos dimos a la tarea de buscar estas compañías y solicitarles un informe del porqué no habían cumplido con sus compromisos”, dijo Santana Márquez.
El funcionario narró que se localizaron compañías con 10 años de haberse instalado y nunca empezaron en la edificación de la planta, otra con una obra sin concluir e incluso uno de los terrenos cedidos por el Gobierno se vendió a plazos por una deuda a una tercera persona, cuando se trataba de un subsidio.
Todas las empresas en conflicto fueron en primera instancia citadas ante el órgano de justicia tentativa, dado que el gobierno estatal intentó primeramente mediar, pues el principal interés es incentivar estas posibles fuentes de empleo, asumió Santana.
“Algunas empresas no tenían capacidad de cumplir esos compromisos y nos dijeron que nos los iban a cumplir, entonces éstas tres acordaron apegarse al mecanismo inicial y devolver los tres terrenos ocupados”, lo anterior en Chihuahua y Aldama, cuyo valor en el mercado es de 21 millones de pesos.
“Sin embargo, tenemos otras empresas que abiertamente no llegaron a conciliación no van a cumplir, no van a crear empleos”, por lo que se inició con un proceso de denuncia penal.
Para Santana estas 15 empresas no entran en la categorización de empresas fantasma, sino que el proyecto de origen fue simulado, cabe mencionar que el valor de los 15 terrenos en disputa por el gobierno estatal sobrepasan los 100 millones de pesos.
Mientras tanto, de parte del Departamento Jurídico de la Secretaría de Innovación y Desarrollo hay una visión optimista de recuperar los terrenos para que se pongan en funcionamiento para el bien de la economía local.
