Del 2016 al 2021, el Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche, refirió que se lograron desarticular 27 esquemas de corrupción, por lo cual han ejercido acción penal en contra de 41 personas y 16 han obtenido sentencia condenatoria por estos hechos relacionados con delitos de corrupción.
"Se ejerció acción penal en contra de 41 personas, entre ellas exservidores públicos y empresarios, asimismo, se inició en 104 ocasiones la conducción a proceso a personas involucradas en los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, al cierre del presente informe hay 49 procesos penales vigentes ante los tribunales locales, de igual forma, se logró el dictamen de 16 sentencias condenatorias" mencionó.
Agregó que una de sus vertientes, es la inédita estrategia en materia fiscal, donde se logró ubicó 27 esquemas agresivos de evasión con 303 contribuyentes involucrados en operaciones con Gobierno del Estado, así como 127 proveedores directos y 238 que fungieron como supuestos proveedores de otros proveedores, en una trama de corrupción tejida por el ex gobernador.
Con esa labor, comentó el Estado de Chihuahua se colocó como el primer estado en el país en obtener información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del SAT, para ubicar perfiles fiscales de saqueadores de recursos públicos. También por primera vez, una entidad obtuvo el apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para establecer la ruta del dinero desviado.
"En 2017 se recuperaron 3 millones 392 mil 414 pesos (de investigaciones iniciadas a finales del 2016 al ponerse en marcha la Operación Justicia para Chihuahua). En 2018 el monto de lo recuperado aumentó a 79 millones 531 mil 212 pesos; y en lo que va del 2019 se tenían asegurados 118 millones de pesos" informó.
César Augusto Peniche, dijo que con la Operación Justicia para Chihuahua, se marcó un precedente nacional en el combate a la corrupción e impunidad; ya que en cuatro años la Fiscalía General integró un equipo multidisciplinario para detectar, investigar y perseguir diversas conductas delictivas cometidas por varios funcionarios del sexenio anterior y empresarios que participaron en el mayor desfalco que dejó en banca rota a la administración pública.
