El Gobierno Federal ganó un round en la Suprema Corte dentro de su pugna con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral y diversos ayuntamientos de Sonora y San Luis Potosí por el control del Fondo Minero.
Por unanimidad y sin discusión, los ministros de la Primera Sala sobreseyeron, es decir, declararon sin materia un paquete de siete controversias constitucionales que impugnaban las modificaciones a dicho fondo cuya vigencia culminó el 31 de diciembre.
El argumento toral para esta decisión fue que dicha reforma, contendida en la Ley de Ingresos de la Federación para el 2019, quedó sin efectos, por lo que las demandas promovidas desde inicios del año pasado ya no podían avanzar.
En diciembre los ministros comenzaron a revisar las controversias sin embargo, se registró un empate a cinco votos en un tema relacionado con la procedencia de las mismas y se pospuso la discusión, sin retomarla antes de que finalizara el año. Con esto la Corte evadió pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma para el Fondo Minero.
Las controversias constitucionales llevadas a la Corte por Corral Jurado y diversos Ayuntamientos causaron malestar en el Gobierno Federal, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su objetivo es que los recursos lleguen a quienes los necesitan sin intermediarios, porque en algunos casos no se hizo un buen manejo del dinero.
El mandatario refirió que estaban en juego entre tres mil 500 millones de pesos y cuatro mil millones de pesos al año por lo que “ayudaría mucho si a ese dinero desde la Federación se ponen los nombres de las comunidades y se reparten a las familias de las zonas mineras para que ellos las inviertan en las escuelas”.
Retiran proyecto
Por otra parte el ministro Javier Laynez retiró un proyecto de sentencia en el que proponía dar una revés a comunidades indígenas de Puebla que impugnaron en tribunales la expedición de títulos de concesión minera debido a que no se realizó una consulta previa a los pueblos originarios.
Se trata de un litigio iniciado hace seis años en el que el pueblo maseual que habita los municipios poblanos de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonáhuac, alegó que la concesión de esos territorios a la industria minera sin que los pueblos indígenas que los habitan hubieran sido consultados afectó sus derechos.
Tras conocer el proyecto original del ministro Laynez la defensa de las comunidades indígenas consideró que, si bien la Ley Minera regula dicha actividad, la industria tiene impactos directos e indirectos socioambientales donde se lleva a cabo y más cuando se trata de minería a cielo abierto.
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