El profesor Enrique Rascón retó a Luis Alberto Fierro Ramírez, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a hablar sobre la corrupción que persiste en la institución de educación superior. Rascón sostienen el desvío de 49.9 millones de pesos y Fierro afirma que sólo es difamación.

El reto se lo lanzó al término del primer foro de consulta para la reconciliación y pacificación Escucha Ciudad Juárez donde lo confrontó por el desvío de 50 millones de pesos. Acusación que ha mantenido desde el inicio de la gestión actual universitaria.

El rector respondió que este lunes lo recibiría a las 10:00 horas. El profesor llegó puntual. “Justicia para Chihuahua”, era la leyenda de la manta que desplegó el profesor Enrique Rascón, antes de ingresar a las instalaciones de rectoría.
En la sala de juntas contigua al despacho del rector, se entrevistaron ambos personajes.

En la reunión le informó que interpuso denuncias ante la Auditoría de la Federación, la Secretaría de la Función Pública Federal, así como las estatales y el Congreso del Estado. Durante esta semana se interpondrán las denuncias penales tanto en la PGR como en la Fiscalía General del Estado por varios delitos, entre los que destaca el peculado.

Entre los responsables figura Horacio Jurado Medina, exdirector administrativo; Enrique Seáñez Sáenz, exrector, su consejo directivo, así como Javier Martínez, actual secretario general y antes director de la Facultad de Zootecnia, así como Luis Alberto Fierro Ramírez, como rector, antes director de la Facultad de Filosofía y Letras.

La petición es que tanto el rector como el secretario general y la abogada Diana Valdez salgan de la universidad mientras se realiza la investigación, pues la autonomía de la universidad sólo es para cuestiones académicas y el extensionismo.

Las denuncias salen de las revisiones que hace la Auditoría Superior del Estado, donde no se sancionó en su tiempo tampoco en el Congreso del Estado. “Mi responsabilidad civil universitaria es denunciar todas las irregularidades, tengo todos los datos y las auditorías”.

Explicó, en la respuesta de la Auditoría Superior es que o se ha ejercido acción, a pesar de que el artículo sexto de la Ley de Auditoría del Estado obliga a dar vista a la Fiscalía con estas irregularidades, pero no se ha hecho nada, por lo que también hay una omisión jurídica.

El profesor informó que entre las observaciones e irregularidades está el mal manejo de 49.9 millones de pesos que recibió la FFyL para el Programa Nacional de Inglés, donde recursos no fueron reportados ni reintegrados a la entonces Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.

Además de una adjudicación directa para la compra de material de apoyo y capacitación, la adquisición de libros y cuadernos de inglés para los alumnos del diplomado. Una erogación de 5 millones de pesos que representan 30 mil libros para los alumnos del Diplomado de Inglés. El siguiente año, otros 8 millones de pesos para los libros que tienen un costo de 280 pesos.

Las irregularidades las leyó, donde destaca el recibo de 9 millones 700 mil pesos para la subsecretaria de Educación del estado de Nuevo León. Así como las irregularidades de Javier Martínez en cuestión de ganado y pacas de