La Auditoría Superior del Estado ha detectado irregularidades por 300 millones de pesos en el ejercicio fiscal del año 2016 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, por adquirir mobiliario a sobreprecio, contratación a empresas fantasmas y distraer dinero con autorización de los presidentes en turno.
Algunas empresas como Grupo Fritag S.A. de C.V., de Jaime Agustín Fong Ríos; Infocom Sistemas de Información S.A. de C.V., de Javier Muruato Robles; Ingeniería y Diseño Van S.A. de C.V., de Jorge Rodrigo Valles Morales, se encuentran en el informe de haber realizado algunos contratos donde hubo algunas irregularidades.
Mientras que algunos expresidentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, como Miguel Salcido Romero y Gabriel Sepúlveda Reyes, son los presuntos colaboradores o coordinadores de que algunos delitos relacionados con peculado se pactaran durante sus años de gestión, todo por instrucción del exgobernador César Duarte Jáquez.
Existe una sobrecompra de bodegas de almacenamiento por 14 millones de pesos, desaparecieron o nunca existieron 86 millones de pesos de equipamiento del lugar, adquisición a una empresa por 116 millones que nunca entregó, equipamiento de audio y video y una serie de irregularidades más suman 300 millones de pesos que sólo en el año 2016 se distrajeron, sobrepagaron o desaparecieron del Tribunal Superior de Justicia.
A lo largo de los años, la Ciudad Judicial ha sido utilizada por diferentes personajes para obtener algunas ganancias con contratos ficticios, compras a sobreprecio y una serie de delitos más que están ocasionando que la obra muestre los desperfectos físicos por la baja calidad de inversión y material que verdaderamente se usó.
Ante esto la Auditoría presentó ya una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, y es resultado de las observaciones no solventadas de las cuentas públicas del ente señalado, y del que el Congreso del Estado ordenó iniciar los procesos civiles, penales y administrativos, por las irregularidades encontradas a la Cuenta Pública del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
El auditor especial de Normatividad y Seguimiento de la ASE, Jesús Raymundo Mata, entregó los expediente a la Fiscalía General del Estado, para que se inicie de inmediato con las investigaciones pertinentes en contra de quien resulte responsable, por uso indebido de recursos por un monto superior a los 300 millones de pesos del erario del estado de Chihuahua.
El funcionario explicó que pudieran presentarse varios delitos como peculado, irregularidades en los procesos de licitación, actos simulados, compras a sobreprecio, entre otros, mismos que habrá de determinar la Fiscalía General del Estado.
La Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento al Programa Anual de Auditoría del año 2017, y en términos de lo dispuesto por el artículo 7 fracción X de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, emitió el Informe Técnico de Resultados donde se encontraron elementos suficientes que indican la presencia de irregularidades cometidas por diversos servidores públicos del ente señalado, incumpliendo con los principios de legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad.
