La directora regional de la organización Artículo 19, Cristina Ruelas, dijo que “el Estado no puede ser el policía de la palabra”, refiriéndose a que es desde los gobiernos dónde nacen los ataques al ejercicio periodístico que se lamentablemente se registran en el país y las ciudades.
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Dio a conocer que se ha establecido que se ha elevado en un 800 por ciento el gasto de los gobiernos en su intento, por diversas vías, por criminalizar a los periodistas y reporteros.
“Los gobiernos deben entender que si no se protege un derecho como la libertad de expresión, seguirán los ataques a la prensa”, recalcó.
Enumeró que Chihuahua se ubica entre los cinco estados más peligrosos para el ejercicio periodístico; por lo que destacó que no se puede celebrar que la violencia contra la prensa haya sido erradicada pues aún se presentan numerosas agresiones y prevalece la impunidad en la mayoría de los casos.
“Mientras no haya soluciones específicas para los perpetradores. De la violencia, desgraciadamente vamos a seguir contando las agresiones por cientos”, dijo Ruelas.
A la par manifestó que todo funcionario, por el solo hecho de representar a la ciudadanía debe sujetarse al escrutinio público, para que se tutele el derecho de la ciudadanía a mantenerse informados.
Expuso que todo servidor de cualquier ente y cualquier nivel, así como de cualquier organismo autónomo debe responder a todos cuestionamientos e interrogantes siempre y cuando no rebasen el quehacer y las atribuciones legales en su ejercicio.
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