“Tenemos problemas de salud, de vivienda, y este Gobierno ha sido muy insensible, no nos quiso atender, no nos quiso apoyar”, comenta Lázaro Martínez, representante legal de la asociación Familias Unidas por la Salud de los Niños, ante la mala respuesta que han tenido por parte de las autoridades para tratar de solucionar los problemas ocasionados por vivir en la zona contaminada de Ávalos.
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Desde el año pasado, la asociación cuenta con una demanda en contra de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) y Gobierno del Estado, por la vía penal ante la Procuraduría General del Estado (PGE), debido a un convenio firmado en 2015, donde las partes imputadas se comprometieron a brindarles atención médica y a reubicar a los afectados en viviendas dignas. Hoy, 4 años después, la lucha sigue, pues el convenio aún no se cumple.
“Este convenio está firmado por la persona moral que en este caso es Gobierno del Estado, no nos firmó el PAN, ni el PRI, ni Corral, ni Duarte… fue Gobierno del Estado. Nos reconocieron dentro del convenio y se comprometieron a ayudarnos en temas de salud, cosa que no cumplieron. Precisamente por eso hicimos la acción colectiva”, asegura Lázaro Martínez.
Alrededor de diez familias son las que ya lograron reubicarse fuera de la zona de Ávalos, sin embargo, según comentan los ciudadanos, las casas, además de ser chicas, indignas y estar mal construidas, fueron prestadas por la Coesvi, sin costo alguno, sin embargo viviendas pertenecen al Infonavit, que no tiene registro alguno del convenio, por lo que ante el instituto los habitantes se encuentran como invasores.
En el tema de salud, la mayoría de los niños que habitan o que alguna vez habitaron la zona sufren secuelas de la contaminación. Según el convenio firmado, el Gobierno se comprometió a brindar atención médica, la cual nunca llegó a pesar de que los estudios de laboratorios mostraban altos niveles de cadmio, arsénico, mercurio, zinc y plomo en orina y sangre.
A Azucena, una de las hijas de Lázaro, se le encontró mercurio en la sangre y arsénico en la orina, lo que le provoca que la planta de sus pies se torne negra, impidiéndole caminar y afectándole en una caída significativa de defensas.
“Nosotros desconocíamos la contaminación del lugar, nadie nos informó nada, no nos dijeron que esas montañas eran residuos tóxicos. La constructora fue Coesvi, fue el mismo Gobierno quien construyó y mismo Gobierno quien vendió. Son 84 hectáreas que son de Gobierno del Estado y dentro de ellas construyeron ese fraccionamiento”, asegura el representante.
Lo explicado por Lázaro está presente en el libro 3637, sección primera del Registro Público de la Propiedad, donde se asienta que los terrenos sobre los que se construyó el fraccionamiento Rinconada Los Nogales fueron adquiridos por el Gobierno del Estado de Chihuahua el 3 de junio de 2003. Los terrenos fueron vendidos por la empresa Inmobiliaria Ejecutiva de Proyectos SA de CV, representada por Héctor Arturo Hernández Valenzuela, al Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua por un monto de 7 millones 884 mil 176 pesos, en lo que corresponde a la primera etapa del fraccionamiento.
Durante la administración pasada, los vecinos se reunieron con el exgobernador César Duarte para realizar estudios de impacto ambiental en donde el resultado fue positivo ante la contaminación de la zona, según lo indicado en el reporte global de los resultados de indicadores bioquímicos de exposición, absorción y efecto a metales pesados, realizados por Pensiones Civiles del Estado a los colonos de Rinconada Los Nogales en diciembre de 2015; el documento obra en poder de esta redacción, son miles de toneladas de contaminantes en forma de jales y escoria que se encuentran acumulados en una superficie de más de 600 hectáreas, con sustancias como plomo, cadmio, cinc, arsénico, mercurio y depositados al aire libre.
Por su parte, el Laboratorio de Calidad del Aire del Centro de Investigación de Materiales Avanzados SC (Cimav) monitoreó partículas respirables PM10 y metales en un periodo del 11 de noviembre al 12 de diciembre de 2014, ubicándose el monitoreo en la Deportiva Sur (alberca DIF) y en la Escuela Primaria José Vasconcelos, en donde los resultados mostraron altas concentraciones por arriba de la norma de arsénico, cadmio y plomo. Respecto al suelo, el Centro de Calidad Ambiental SC encontró 7 lugares con arsénico por arriba de lo permisible, 1 lugar con cadmio y 6 lugares con plomo por arriba de los límites.
Ante el cuestionamiento realizado a las autoridades por parte de reporteros de esta casa editorial, con respecto a la falta de cumplimiento del convenio, la respuesta brindada fue: “Corresponde a la administración pasada”, dejando sin respuesta la pregunta realizada: ¿Por qué no se ha cumplido?
La investigación realizada en la PGE se encuentra en marcha, solicitando información de quienes construyeron y autorizaron el fraccionamiento, para que el juez determine las órdenes de aprehensión a los funcionarios, ya que es por vía penal.
“Yo estoy preparado para lo que sea, porque sé que mis hijas están enfermas de los huesos… de todo, aunque se hagan las fuertes y salgan a estudiar o trabajar, es muy difícil. Cada familia tiene un problema de salud diferente porque cada organismo reacciona diferente a los metales”, asegura el entrevistado.
El 10 de junio de 2018, la PGR reconoció a los vecinos como víctimas, estipulando la existencia de la violación al derecho a la salud y a una vivienda digna, por lo que se encuentran en espera de la resolución del caso.
“Este Gobierno ha sido muy insensible, no nos ha querido reconocer el convenio, se ha estado amparando en contra de nuestras demandas. Ha estado diciendo que no tenemos nada y salen ante los medios a mentirle a la gente, cuando los documentos no mienten”, finaliza Lázaro.
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