Alrededor de 60 estancias infantiles en la ciudad de Chihuahua esperan el dictamen final de los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de lo Penal y Administrativo, respecto a la definición otorgada por la Secretaría de Bienestar ante los amparos individuales interpuestos durante el mes de marzo.
Lo anterior, de acuerdo con Claudia Fraile, coordinadora de las estancias en el estado, quien agregó que se desconocen los términos de la contestación por parte de la Secretaría, pues únicamente le compete a los Tribunales el dar validez a la definición correspondiente a cada amparo.
“Seguimos trabajando, aquí en Chihuahua la alcaldesa nos ha ayudado con un apoyo extraordinario de tres meses, del cual ya recibimos el primero, siendo 950 pesos por cada niño registrado, pero el resto del estado aún no tiene apoyo y aún con el éste, nos vemos en la necesidad de organizar eventos para recaudar dinero”, explicó Fraile.
Asimismo, el diputo Miguel Riggs indicó que previo a la presentación del amparo, cerca de 30 estancias en la capital se vieron en la necesidad de cerrar sus puertas, o salirse del esquema del Gobierno Federal, ante la falta de apoyo.
“Las estancias infantiles estaban atravesando un momento muy complicado, económicamente hablando. Se les dejó el gasto de la seguridad social, los gastos corrientes y todo el servicio que se estaba brindando”, dijo y agregó que la primera resolución del Tribunal, donde se ordena que se paguen 950 pesos por niño atendido en los meses de enero, febrero y marzo, representa oxígeno económico.
Por su parte, el diputado federal por el Distrito 8, Alan Falomir, señaló como violatorias las acciones del Gobierno Federal al no publicar las reglas de operaciones de los recursos destinados a los padres de familia usuarios de las estancias, decisiones con las cuales dijo no coincidir.
“Ellos tienen un subsidio de 950 pesos por mes, más la aportación que tenían que dar los padres de familia. Ahora lo que se pretende es entregarles a los padres 850 pesos, menos dinero de lo que se daba anteriormente. Es una táctica asistencialista donde la gente se siente en deuda con el Gobierno y que aparte no tienen reglas para checar en qué se gastan el dinero, es una irresponsabilidad, es un desvío de recursos”, detalló.
Explicó que se tienen esperanzas de que el Gobierno Federal “dé marcha atrás”, pues se tiene la necesidad de programas sociales que “realmente” beneficien, no se pueden eliminar sólo porque eran de otra administración. En ese sentido, se celebra que se estén dando estos amparos”, dijo.
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