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“Meto las manos al fuego por mi hijo, él y sus compañeros no hicieron nada, pero antes de declararlos inocentes los van a desaparecer”, dice preocupada y entre lágrimas la maestra Silvia Castañón Linares, madre del ex subdirector de la Policía Municipal de Buenaventura que en noviembre cumplirá dos años preso por una acusación de desaparición forzada.
Héctor Manuel Alcalá Castañón, de 34 años, exagente de la Policía Ministerial, graduado como profesor de Educación Física, fue detenido el 17 de noviembre de 2017 junto con dos oficiales, entre ellos el director de la corporación, por la desaparición forzada de dos jóvenes turistas de los cuales no se sabe nada desde el 12 de mayo.
Desde el momento de la detención la vida no ha sido igual para la familia de Héctor Manuel debido a que sus tres hijas quieren verlo y a diario preguntan por él; su hija mayor sabe que su padre está preso, pero sus gemelas de 7 años creen que está en “un trabajo donde no lo dejan salir”, esa ha sido la mentira que la esposa y la madre de Héctor han tenido que ocultar, en medio de una impotencia de saber que es inocente.
“Han sido casi dos años de calvario, en luchar contra un gigante, (aparato de justicia) que no valida el testimonio de 13 personas que no sitúan a ninguno de los tres en el lugar y el día en que ocurrieron los presuntos hechos, pero la justicia está cegada”.
La señora Silvia dice por más pruebas de la inocencia de los tres, el Gobierno quiere mantenerlos en prisión para no ir más allá de las investigaciones y cumplir políticamente con las presiones del Gobierno de Sonora, quien pidió celeridad en las investigaciones, al ser uno de los desaparecidos originarios de Cananea.
Expuso que a su parecer la Fiscalía desea tenerlos como “chivos expiatorios”, cuando tenían plenamente identificada a una persona que en Villa Ahumada utilizó la tarjeta de crédito de uno de los jóvenes desaparecidos.
Héctor Manuel forma parte de los tres agentes de Buenaventura que fueron detenidos por su presunta participación en la desaparición forzada de dos jóvenes de nombres Jesús Martín Miranda Cruz y Jesús Antonio Servín Ramos, quienes no aparecen tras una detención policial que no ha podido ser acreditada judicialmente en la que participarían Enrique Lozano Saucedo, director de la DSPM de aquel municipio y los agentes Manuel Héctor Arreola Soto y Héctor Manuel Alcalá.
“Nosotros siempre hemos tenido la esperanza de que van a salir, no tienen por qué estar ahí, y como familias estamos muy preocupadas”.
La maestra jubilada narró que en la búsqueda de la justicia han realizado mítines, caravanas y han tapizado la ciudad de Parral con la imagen de su hijo y la exigencia de justicia.
“Nos acompañó muchísima gente de Parral (en las caravanas); compañeros de la escuela que se han solidarizado porque saben que mi hijo es incapaz de hacer daño”.
Héctor es el segundo de 5 hijos, de quienes sus hermanos se expresan como honesto e incorruptible, “yo crié como madre soltera a hijos buenos, todos son profesionistas, trabajan en el magisterio docente”, dice doña Silvia.
La familia ha realizado investigaciones en por su cuenta y ha encontrado numerosas discrepancias, una de ellas basada en el testimonio de uno de los jóvenes que atestiguó haber visto el supuesto secuestro a un kilómetro de distancia, y lo anterior resulta inverosímil para ellos y más que haya sido validado debido a que es una distancia en la cual nadie puede ver con claridad.
“Yo quisiera conocer a las familias de los desparecidos, decirles que yo también soy madre y entiendo la situación y quiero que ellos entiendan la mía, de que si mi muchacho es inocente no debe estar ahí”, dice doña Silvia.
Desde el Cereso, el expolicía dice a su madre estar decepcionado de la justicia, y estar resignado a “podrirse en la cárcel”.
El encarcelamiento de Héctor y los dos agentes policiacos ha causado que las familias tengan que pagar desde su detención un promedio de 80 mil pesos cada una por el pago de abogados y tienen gastos en promedio de 3 mil 500 pesos al tener que viajar a verlos semanalmente al Cereso de Nuevo Casas Grandes, donde están presos.
Por último, la familia solicita apoyo al gobernador del estado para que se analice el caso, las pruebas a su favor y más cuando hubo un fallo de inocencia, pero por la remoción de juez no ha sido posible su liberación.
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