Más de siete mil personas trabajan en las empresas de seguridad privada en el estado, de los cuales mil 800 trabajadores se encuentran debidamente certificados y cinco mil 200 son personas que trabajan de manera ilegal al no estar debidamente registrados y que operan en las empresas clandestinas de seguridad.
Según los datos de la Fiscalía General del Estado, existen por lo menos 200 empresas que prestan el servicio de seguridad privada, de las cuales 90 son legales, 100 son ilegales y hasta el momento se encuentran 10 en proceso para estar dentro de la normatividad, es decir que poco más de la mitad de todas las empresas son ilegales y no tienen el permiso para laborar dentro de esta rama.
Algo similar pasa con los empleados que contratan, ya que de los siete mil trabajadores que se tienen contemplados como guardias de seguridad, para distintas labores de vigilancia, sólo el 25.7% de ellos (mil 800), se encuentran debidamente registrados ante la Fiscalía General del Estado, el resto son personas que no tienen el permiso para encargarse de la seguridad y demás labores relacionadas.
El problema de la clandestinidad o ilegalidad de los elementos o guardias de seguridad no es responsabilidad de los trabajadores, sino de los patrones o dueños de estas empresas que dejaron a su suerte a los trabajadores y no los tienen laborando con el ordenamiento laboral necesario como es certificación, seguridad social y alta ante la Fiscalía.
La jefa del Departamento de Servicios de Seguridad Privada en la Fiscalía General del Estado, Diana Sofía Guerra Rivera, explicó que los dueños de las empresas deben ser los encargados de registrar ante la corporación a cada uno de los elementos, así como vehículos, bienes inmuebles y todo el personal que laborará en esa agencia de seguridad privada.
Sin embargo, resaltó que de siete mil personas que se contemplan trabajando en casetas de fraccionamientos, eventos, centro comerciales y demás establecimientos donde contratan guardias de seguridad, sólo mil 800 se han certificado ante la Fiscalía para obtener su cédula para trabajar como tal.
Explicó que los requisitos principales para que las empresas registren a los trabajadores son algunos documentos como un examen médico y toxicológico, Certificado de Antecedentes Penales, Cartilla del Servicio Militar, número de afiliación de IMSS, así como referencia de familiares y otros documentos personales.
La jefa del Departamento de Servicios de Seguridad Privada comentó que cuando los trabajadores de seguridad privada cumplen con todo el procedimiento deben cubrir el pago de 451 pesos por la expedición de la cédula de personal operativo de los Servicios de Seguridad Privada, que los certifica para poder prestar su servicio.
Por lo menos 100 empresas no tienen ningún trabajador registrado ante la Fiscalía General del Estado, pues prefieren trabajar en la clandestinidad antes de formalizarse y obedecer los ordenamientos de la Ley de Seguridad Privada del Estado de Chihuahua, que dicta la manera de operar de estas empresas.
No existen sanciones para esas empresas ni mucho menos para los trabajadores que prestan el “servicio” sin tener las herramientas para cubrir los temas de seguridad y vigilancia de residenciales o cualquier actividad por la que son contratados por otros particulares.
Aunque en estas empresas laboran decenas de expolicías o agentes de seguridad, la Fiscalía no acepta a aquéllos que acaban de causar baja en la corporación, ya que deben esperar un mínimo de dos años para que puedan aplicar el registro como guardia de vigilancia, de lo contrario se les niega la certificación de la empresa o elemento que busca formalizar su servicio.
Por esa y otras causas es que muchas de las empresas prefieren reunir un número importante de personas, formar la agrupación y comenzar a crear una agencia de seguridad, donde ninguno de los trabajadores es afiliado al Seguro Social, ni cuenta con prestaciones laborales, sólo reciben su sueldo semanal y ningún tipo incentivo económico.
Según el procurador de la Defensa del Trabajador, Rubén Félix Acosta, muchas de las irregularidades en este tipo de empresas es la estabilidad laboral, puesto a que muchos de ellos no cuentan con un contrato que le permita conocer de sus derechos y obligaciones, además que constantemente son víctima de despidos injustificados.
De igual forma el procurador explica que las empresas de seguridad privada optan por no otorgar seguridad social a los empleados para ahorrar algunos ingresos económicos, pero dejan a su suerte a los mismos cuando sufren de algún accidente laboral y en tema de sus prestaciones sociales.
El caso que dejó ver la manera ilegal en la que operan este tipo de empresas en Chihuahua fue el de Marlene Varela, quien tiene 20 años de edad y misma que prestaba su servicio como guardia de seguridad en la empresa fantasma Fuerzas Especiales Básicas (FEB), que era una empresa que no tenía a ningún empleado registrado en el seguro y con ningún tipo de prestación o estabilidad laboral.
Marlen estaba a punto de finalizar su turno, cuando de pronto un comando armado abrió fuego contra la caseta del fraccionamiento Cantera V, donde murió un agente y ella recibió dos impactos de arma de fuego, uno de los disparos, terminó con la movilidad de las piernas y la mantiene en una silla de ruedas.
Tras los hechos, la joven fue abandonada por la empresa a cargo de Alberto Pérez Cardona quien la tenía en ese lugar y después de buscar la atención médica, se percató que no estaba inscrita en el Seguro Social, por lo que no puede acceder a una pensión por incapacidad y a su vez no volverá a obtener un trabajo similar.
Como ese caso existen más de cinco mil trabajadores que se encuentran laborando bajo ninguna condición de seguridad laboral o social y que en caso de caer en algún accidente durante su jornada laboral, no podrán acceder a las prestaciones por no estar inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
