Víctor Gómez, titular de la comisión de Energía de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chihuahua, señaló que hasta el momento se ha estimado un costo aproximado de 65 millones de dólares en litigios por la cancelación de contratos y permisos por la modificación a la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación.
“Ahorita se están preparando las mismas empresas de energía para defenderse, están buscando los tiempos legales y los procedimientos correctos, por lo que ahorita no podemos revelar quiénes ya van a proceder, hasta que las mismas lo den a conocer. Lo que podemos asegurar es que va a costar muchísimo, pues hemos calculado más de 65 millones de dólares en litigios”, explicó.
Con respecto a la reforma, el titular de la comisión de Energía manifestó que México está viviendo un retroceso importante, en el entendido de que lejos de buscar alternativas que estén alineadas a los nuevos requerimientos, estamos optando por energías más contaminantes y menos competitivas.
“La Ley de la Industria Eléctrica, que vamos a llamarla por lo que es, la ley al uso del gasóleo, busca fortalecer la ocupación de este recurso, que al no ser competitivo en los mercados, el gobierno de México busca quemarlo para generar electricidad”.
Esto, especificó el empresario, va a tener una repercusión directa en el aumento en las tarifas eléctricas, así como una repercusión global, pues el país va a ser aislado como uno de los que contaminan el medio ambiente, tal como especificó la Cámara Internacional de Comercio (ICC) de México.
Esta agrupación señala que si no se deroga la reforma a la ley que entró en vigor este miércoles, México podría perder su estatus como principal proveedor de Estados Unidos contra China, derivado de las consecuencias de la reforma en el sector energético.
“Vamos a estar sumergidos en amparos, así como van a colocar al país en arbitrajes internacionales, pues además estamos violando los tratados del ramo ecológico y de derechos humanos, y cometiendo faltas anticonstitucionales”, agregó Víctor Gómez.
En materia de afectaciones, el empresario señala que no sólo serán las demandas por millones de dólares, el perjuicio ecológico para el planeta o las afectaciones sociales por el incremento en un servicio indispensable, pues también señaló los problemas económicos.
“Esto viene a restar competitividad al país, viene a generar una mala imagen para la inversión extranjera, y estamos mandando el mensaje equivocado para los empresarios e inversionistas internacionales”.