Una inversión de mil 308.3 millones de pesos se han invertido en el Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, que incluye la atención a temas de justicia ambiental, salud, educación, infraestructura servicios básicos e identidad.
El municipio de Guachochi es la sede para la Asamblea Regional del Plan de Justicia para la Sierra Tarahumara, en la que participan 59 gobernadores de 65 comunidades y 120 representantes de los pueblos Rarámuri, Ódami, Oichkama (Pima) y Warojío.
En la asamblea se analizan los avances y pendientes en torno a las demandas y necesidades de cada pueblo.
La asamblea inició con el ritual del saludo a la cruz, por parte de al menos 111 personas, entre autoridades tradicionales, integrantes de sus cuerpos de gobierno y representación comisionada de las 350 comunidades indígenas de los cuatro pueblos, que a su vez forman parte del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara.
Se informó que para la implementación del plan se invirtieron 22.5 millones de pesos. En temas de justicia ambiental y proyectos productivos fueron 310.3 millones; mientras que en salud y medicina tradicional fueron 3 millones; en educación indígena, 867.6 mdp; en cultura, lengua e identidad, se han invertido 4.2 millones; mientras que en infraestructura y servicios básicos, se han invertido 101 mdp.
Las autoridades tradicionales que encabezaron esta sesión de trabajo, fueron Hortensia Palma Palma, Walú Siríame (gobernadora) de Guachochi; Luis González Rivas, Walú Siríame de Mogotavo, Urique; Rafaela Ramírez Frías, gobernadora de Mesa de Guitayvo, Urique; Arturo Gutiérrez Soto, Mooyi (Capitán Ódami) de Baborigame, Guadalupe y Calvo; Benito Álvarez Rivera, del pueblo Oóba de Mesa Blanca, Madera; Rosalía Cazavantes Alonso, por el pueblo Warojío del municipio de Uruachi.
Estuvieron acompañadas por Víctor Martínez Juárez, titular de la oficina de representación en Chihuahua del INPI; Alejandro Rivas Vega, Consejero Nacional Indígena por el pueblo Ódami; Bertha Dimas Huacuz, coordinadora del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara; así como Gustavo Sánchez Benitez, coordinador de los Planes de Justicia y de Desarrollo en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
INDÍGENAS ESCUCHAN PROPUESTA
Gustavo Sánchez, explicó la propuesta de Reforma Constitucional en torno a los derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que tienen como objetivo reivindicar los derechos de los 23 millones de personas que se reconocen como parte de los 70 pueblos indígenas y los 2.3 millones de ciudadanos afromexicanos en nuestro multicultural y multiétnico país. El espíritu de esta reforma es evolucionar el concepto de sujeto de interés público al de sujeto de derecho público, a favor de los pueblos y comunidades indígenas de México.
Al respecto, el Consejo Nacional Ódami, Alejandro Rivas, invitó a los presentes a adherirse a este reconocimiento que desde el poder legislativo nacional, se trabaja para dotar a este sector poblacional de verdadera autonomía, libre determinación, autoadscripción, decisión en sus formas de gobierno y organización, sistemas normativos, educación intercultural y plurilingüe, preservación lingüística, sistemas de salud, pluralismo jurídico, desarrollo integral, consentimiento de consultas públicas, participación política, mayor perspectiva de género y protección de la niñez indígena, reconocimiento del trabajo comunitario, planes de desarrollo, mayores asignaciones presupuestarias directas, protección del patrimonio cultural y colectivo; real acceso a los servicios de salud y la alimentación nutritiva; mejorar las redes y vías de comunicación, así como reconocimiento de comunidades indígenas residentes y migrantes.
JUSTICIA TERRITORIAL Y AGRARIA
Ante los pueblos se informó que se determinó la viabilidad jurídica como tierras nacionales de la localidad de Mala Noche en el municipio de Guadalupe y Calvo; así como de Guasachique, en Balleza; y el proyecto de declaratoria del predio Rancho las Agujas, en Mesa Colorada, El Tepozán y Cordón de la Cruz, en Guadalupe y Calvo.
También se registran avances por parte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) en Bosques de San Elías Repechike, en el avalúo de 18 predios de presunta pequeña propiedad, sobre puestos al territorio ancestral de la comunidad.
En Mogotavo, Urique, ya se tuvo un primer acercamiento con particulares que ostentan título de propiedad en territorio de la comunidad, sobre 1600 hectáreas.
Entre los pendientes se encuentran los trabajos técnicos de medición y deslinde en Bawinokachi y Alto de las Garrochas, en Bajío Largo, así como Arroyo del Pajarito y Barrancas de Sinforosa, en Guachochi.
Queda pendiente solicitar a Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER), la viabilidad de regularizar derechos agrarios y atender conflictos agrarios de Choreachi y Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo; además de continuar con apertura de sobres de lista de sucesión en ejidos del municipio de Urique y Batopilas.
JUSTICIA AMBIENTAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
Se expusieron avances obtenidos por Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y Semarnat, en coordinación con el INPI, con la instalación de garrafoneras en Cuiteco y Huitosachi, municipio de Urique; Turuachi, Guadalupe y Calvo; y Basaseachi, municipio de Ocampo.
Además de la instalación de ocho sistemas de captación de agua de lluvia en Basihuare, en Guachochi, en Mogotavo, Urique, en La Laguna, Bocoyna y Laguna de Juanota en Balleza. Quedan pendientes, la instalación de sistemas de agua potable emergentes en varias comunidades de la Sierra Tarahumara, así como 16 Sistemas de Captación de Agua de Lluvias, en Guachochi, Balleza, Bocoyna, Guazapares y Guadalupe y Calvo. Aparte de tres garrafoneras en Urique, Guachochi y Balleza.
La SADER también informó sobre los avances en la entrega de fertilizantes para 15 mil personas, maíces criollos, combate a plagas y adquisición de implementos agrícolas. Mientras que CONAZA desarrolló el programa estratégico de nopal de doble propósito, para 12 comunidades de Guazapares, Batopilas, Urique y Moris.
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Asimismo, CONAFOR, aprobó e impulsó 32 proyectos de conservación y producción de plantas en mil 786 hectáreas, con una inversión superior a los 71 millones de pesos. La Secretaría de Bienestar incorporó 4 mil sembradoras y sembradores de vida en el municipio de Guadalupe y Calvo.
La STyPS, junto a Bienestar, incorporan a la población indígena en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con una inversión comprometida de 211 millones de pesos, además de una inversión de 8.1 millones de pesos por parte del INPI, en distintos proyectos de conservación y restauración de suelos y buen manejo del agua.
Por medio del Fortalecimiento de las Economías Indígenas y Medio Ambiente (FEIMA) se apoyó con 14 proyectos de mitigación de cambio climático, 6 acciones de comercialización y 3 proyectos económicos con impacto comunitario y regional.