Un grupo integrado por 204 ejidatarios de la comunidad agraria de Témoris en el municipio de Guazapares del estado de Chihuahua determinó cerrar un gasoducto que atraviesa por sus tierras y que tiene como beneficiario final a la Comisión Federal de Electricidad en Sinaloa, lo anterior tras un conflicto que mantienen desde el 2015 con una empresa transnacional denominada "TC Energy" y que a decir de los comuneros, la obra desde su origen violó la ley agraria, la ley ambiental y la ley civil, situación que llevó a que en el 2018 el Tribunal Agrario Distrito 5 con sede en la capital decretara la nulidad de las escrituras y contratos, ordenando a la compañía a celebrar nuevos contratos justos y apegados a las leyes que están violentando, situación a la que se han negado desde esa fecha.
El abogado representante en el juicio agrario de la comunidad Martín Millanes, dio a conocer que mediante el expediente 1064/2017 se encuentra un juicio agrario en el que se demandó la nulidad de los contratos y escrituras que amparan el paso del gasoducto, partiendo este de El Encino comunidad en Chihuahua hasta Topolobampo, Sinaloa siendo 540 kilómetros pero en la comunidad de Témoris solo atraviesan cerca de 17 kilómetros.
Señaló que la problemática surge a raíz de que los contratos celebrados fueron falsos, pero al abrir el caso, el Tribunal Agrario Distrito 5 con sede en Chihuahua determinó mediante sentencia que la obra desde un inicio violó la ley agraria, la ley ambiental y la ley civil, por lo que en el 2018 se decretó la nulidad de las escrituras y contratos que amparaban el paso del gas por la comunidad.
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Sin embargo, desde ese mismo año se ordenó la celebración de nuevos contratos que fuesen justos y apegados a las legislaciones agraria, civil y de hidrocarburos (violadas en los contratos anulados).
Según informó el representante, durante todos estos años (de 2015 a la fecha) no ha dejado de fluir el gas, 600 millones de pies cúbicos diariamente, por lo que de sacar cuentas no les alcanzaría el espacio para llegar a los miles de millones de pies cúbicos de gas que durante ocho años o más han fluido ilegalmente por sus tierras de uso común.
Posterior a ello, el abogado indicó que la empresa se ha negado sistemáticamente a la celebración de los nuevos contratos porque mantiene su postura de seguir agraviando a la comunidad con ofrecimientos irrisorios que en el mejor de los casos implica un pago único de poco menos de cien mil pesos por comunero y "beneficios sociales" por una cantidad igual, buscando ellos un beneficio del 2.5 por ciento del total de la ganancias de la empresa.
Calificaron que ante la actitud abusiva de la transnacional canadiense y en atención a la orden expresa emitida por el TUA Distrito 5 desde el 16 de marzo de 2023, la comunidad, con asistencia profesional, cerró la válvula de flujo de gas que se encuentra dentro de las tierras de uso común y que abastece el gasoducto instalado al amparo de contratos ilegales anulados por el tribunal agrario.
Ante la situación, mediante postura de los comuneros piden la intervención inmediata del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que a través de su homólogo en Canadá le ordenen a la multimillonaria canadiense que cese el hostigamiento y proceda a firmar los contratos legales justos con la comunidad.
De la misma manera, dieron a conocer mediante escrito que le pida a la Gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván que se aparte de seguir favoreciendo los intereses de la empresa transnacional y busque una solución justa para la comunidad agraria, igualmente que deje de amenazar con el uso de la fuerza pública porque los únicos que están en la ilegalidad son los de la empresa extranjera.
Pidieron a la empresa que si no firma los contratos que le ordenó la sentencia entonces proceda a retirar el tubo y a reparar los daños causados. La empresa exige que la comunidad firme el contrato leonino por dádivas (nuevamente ilegal), pero además, el Gobierno del Estado de Chihuahua está presionando con el uso de la fuerza pública a la comunidad y sus representantes, intimidándolos y amenazándolos hasta con meterlos a la cárcel”, indicó el abogado.
Señaló que no se permitirá la apertura de la válvula hasta que se solucione el asunto a través de contratos legales justos o de lo contrario y al no hacerlo que retiren el tubo de inmediato, pidiendo la solidaridad a los ejidos y comunidades agrarias e indígenas de la región y del país al ser conocedores que pasan por situaciones similares.