Más de 350 personas de entre las que el 40% fueron menores de edad sufrieron desplazamiento forzado en Guadalupe y Calvo durante el 2023, según registros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Juan Portillo, visitador de la dependencia en la Zona Sur, informó que en el año realizaron cinco intervenciones en localidades del municipio serrano para realizar entrevistas y apoyar en la reparación integral del daño hacia las víctimas que padecieron de la irrupción de grupos criminales. Por su parte, la FGE informó que seis comunidades y la cabecera municipal se encuentran bajo vigilancia por elementos de los tres niveles de gobierno para inhibir los actos delictivos.
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En el municipio de Guadalupe y Calvo, recibieron la atención un total de 362 personas durante el año pasado, luego de que fueran desplazadas de sus hogares en las diferentes comunidades debido a las amenazas por integrantes de grupos delincuenciales, quienes buscan talar el bosque.
El visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan Portillo, manifestó que, tras informarse sobre los hechos, se efectuaron las labores para trasladarse hasta la zona serrana, siendo durante la primera visita cuando atendieron a 60 personas.
Posteriormente, en una segunda intervención se les brindó la atención a 65 personas. En una tercera y cuarta visita se prestó servicio a 80 habitantes, además de que en una quinta y última visita se les brindó asesoría a 157 integrantes de las comunidades indígenas.
Mencionó que, en promedio en cada intervención, el 40 por ciento son menores de edad que van desde recién nacido hasta 17 años, pero también en su mayoría han sido atendidas mujeres que han sido víctimas de los hechos delictivos.
Explicó que al momento de darse a conocer un hecho de desplazamiento se realizan las labores de búsqueda de las personas para conocer si están resguardados en algún albergue o en alguna comunidad aledaña.
“Recabamos entrevistas con las personas que han sido desplazados para nosotros tener los datos del tiempo, móvil y lugar de cómo sucedieron los hechos para agregarlo a los expedientes para efectuar las diligencias correspondientes y buscar que las instituciones actúen, como en el caso de la Fiscalía General del Estado quienes reciben las denuncias, CEAVE darles la calidad de víctimas y un trato digno y se efectúen los protocolos bajo la ley”.
Recordó que la última visita se registró el 24 de noviembre del año pasado en la que participaron autoridades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE), Secretaria de Salud, la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI), Asociaciones Civiles y Brigadas Internacionales por la Paz.
Nota publicada originalmente en El Sol de Parral
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