/ domingo 12 de febrero de 2023

Entrega Tribunal Agrario certificados de derechos a rarámuris

Indígenas de la comunidad de Tehuerichi en Carichí

El Tribunal Unitario Agrario emitió sentencia a favor de los integrantes de la comunidad de Tehuerichi, en el municipio de Carichí, quienes desde hace años luchan por el reconocimiento y la regularización de la tierra, por lo que ordenó al Registro Agrario Nacional la expedición de los nuevos certificados agrarios.

El mes de agosto de 2022, 28 integrantes de la comunidad rarámuri de Tehuerichi promovieron juicios de jurisdicción voluntaria para corrección de nombre ante el Tribunal Unitario Agrario No. 5, dado que enfrentan diversos problemas para la regularización de sus derechos agrarios, los cuales fueron originados por deficiencias del Registro Civil al momento de emitir las actas de nacimiento, así como la negativa de la emisión de actas de defunción.

Foto: Cortesía | CONTEC

La comunidad está ubicada a una distancia de 12 horas del municipio de Carichí, no hay oficinas de registro civil, ministerio público o doctores, por lo que, cuando alguien fallece en la comunidad, no hay quien, de acuerdo con la legislación civil, emita las constancias y/o certificados de la defunción. Esta problemática impide que el Registro Civil emita actas de defunción. Cuando la comunidad comenzó a pedir a las autoridades que gestionaran y resolvieran la problemática, eran solo doce defunciones, ahora se han acumulado más de 80. Esto ha traído afectaciones al interior de la comunidad, pues no pueden regularizar sus derechos agrarios y/o acceder a programas gubernamentales.

A partir del año 2012, los integrantes de esta comunidad solicitaron a las autoridades municipales y estatales les fueran expedidas las actas de defunción, con base al registro de personas fallecidas que lleva la autoridad tradicional. Sin embargo, les fueron negadas. Esto motivó que en el año 2020 promovieran un juicio de amparo bajo el expediente 1773/2020, el cual fue resuelto a favor en enero 2023, y ordena a las autoridades responsables que realicen las gestiones necesarias para expedir las actas de defunción.

Ante esta situación, el Tribunal Unitario Agrario No. 5, una vez que recibió las demandas, actuó de manera inmediata para iniciar el procedimiento y realizar una itinerancia en la comunidad de Tehuerichi para la celebración de las audiencias, donde de manera personal conocieron a cada uno de los integrantes de la comunidad y se emitieron las sentencias a favor de los indígenas.

Veinte integrantes de la comunidad de Tehuerichi viajaron a esta capital para recibir sus certificados en el Registro Agrario Nacional (RAN), la mayoría pudieron acceder a su certificado salvo las personas que traían carta poder de personas discapacitadas, pues el Registro Agrario Nacional exige que sean notariadas, y el notario público requiere a la persona discapacitada a la vista.

Por la tarde, sostuvieron una reunión en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual fue solicitada por Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), a fin de que las autoridades pudieran conocer la situación que priva en la comunidad.

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En la reunión estuvieron representantes de la Dirección del Registro Civil, la Subsecretaría de Normatividad Jurídica de la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas. Las personas de la comunidad expusieron las innumerables dificultades a las que se enfrentan por las deficiencias que tuvo el Registro Civil al emitir las actas de nacimiento cuando acudió a la comunidad; así como por no emitir las actas de defunción y lo prolongado de su esfuerzo. Las autoridades, por su parte, expusieron las razones de por qué no pueden emitir las actas de defunción, aún cuando hay una sentencia por el Tribunal Federal que lo ordena, explicaron que interpusieron el recurso de revisión en contra de la sentencia, debido a que no hay claridad en cómo deben cumplirla.

Foto: Cortesía | CONTEC

Por su parte, la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos se comprometió en revisar con las autoridades responsables, el marco jurídico para atender la problemática sobre la emisión de actas de defunción en comunidades indígenas y lejanas.

El Tribunal Unitario Agrario emitió sentencia a favor de los integrantes de la comunidad de Tehuerichi, en el municipio de Carichí, quienes desde hace años luchan por el reconocimiento y la regularización de la tierra, por lo que ordenó al Registro Agrario Nacional la expedición de los nuevos certificados agrarios.

El mes de agosto de 2022, 28 integrantes de la comunidad rarámuri de Tehuerichi promovieron juicios de jurisdicción voluntaria para corrección de nombre ante el Tribunal Unitario Agrario No. 5, dado que enfrentan diversos problemas para la regularización de sus derechos agrarios, los cuales fueron originados por deficiencias del Registro Civil al momento de emitir las actas de nacimiento, así como la negativa de la emisión de actas de defunción.

Foto: Cortesía | CONTEC

La comunidad está ubicada a una distancia de 12 horas del municipio de Carichí, no hay oficinas de registro civil, ministerio público o doctores, por lo que, cuando alguien fallece en la comunidad, no hay quien, de acuerdo con la legislación civil, emita las constancias y/o certificados de la defunción. Esta problemática impide que el Registro Civil emita actas de defunción. Cuando la comunidad comenzó a pedir a las autoridades que gestionaran y resolvieran la problemática, eran solo doce defunciones, ahora se han acumulado más de 80. Esto ha traído afectaciones al interior de la comunidad, pues no pueden regularizar sus derechos agrarios y/o acceder a programas gubernamentales.

A partir del año 2012, los integrantes de esta comunidad solicitaron a las autoridades municipales y estatales les fueran expedidas las actas de defunción, con base al registro de personas fallecidas que lleva la autoridad tradicional. Sin embargo, les fueron negadas. Esto motivó que en el año 2020 promovieran un juicio de amparo bajo el expediente 1773/2020, el cual fue resuelto a favor en enero 2023, y ordena a las autoridades responsables que realicen las gestiones necesarias para expedir las actas de defunción.

Ante esta situación, el Tribunal Unitario Agrario No. 5, una vez que recibió las demandas, actuó de manera inmediata para iniciar el procedimiento y realizar una itinerancia en la comunidad de Tehuerichi para la celebración de las audiencias, donde de manera personal conocieron a cada uno de los integrantes de la comunidad y se emitieron las sentencias a favor de los indígenas.

Veinte integrantes de la comunidad de Tehuerichi viajaron a esta capital para recibir sus certificados en el Registro Agrario Nacional (RAN), la mayoría pudieron acceder a su certificado salvo las personas que traían carta poder de personas discapacitadas, pues el Registro Agrario Nacional exige que sean notariadas, y el notario público requiere a la persona discapacitada a la vista.

Por la tarde, sostuvieron una reunión en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual fue solicitada por Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), a fin de que las autoridades pudieran conocer la situación que priva en la comunidad.

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En la reunión estuvieron representantes de la Dirección del Registro Civil, la Subsecretaría de Normatividad Jurídica de la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas. Las personas de la comunidad expusieron las innumerables dificultades a las que se enfrentan por las deficiencias que tuvo el Registro Civil al emitir las actas de nacimiento cuando acudió a la comunidad; así como por no emitir las actas de defunción y lo prolongado de su esfuerzo. Las autoridades, por su parte, expusieron las razones de por qué no pueden emitir las actas de defunción, aún cuando hay una sentencia por el Tribunal Federal que lo ordena, explicaron que interpusieron el recurso de revisión en contra de la sentencia, debido a que no hay claridad en cómo deben cumplirla.

Foto: Cortesía | CONTEC

Por su parte, la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos se comprometió en revisar con las autoridades responsables, el marco jurídico para atender la problemática sobre la emisión de actas de defunción en comunidades indígenas y lejanas.

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