La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para 11 integrantes de la comunidad jesuita en Cerocahui dentro del municipio de Urique, esto tras la situación de inseguridad y riesgo que mantienen por el "riesgo irreparable a sus derechos".
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Lo anterior lo adoptaron tras la resolución 2/2023, en la que se determinó otorgar las medidas para que se adopten las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios, y garantizar su seguridad y prevenir actos de amenaza, intimidación y violencia en su contra por parte de terceros.
Según la solicitud, las personas beneficiarias han sufrido amenazas y agresiones por parte de grupos del crimen organizado, lo que les impide desarrollar normalmente las actividades pastorales y de apoyo a las comunidades de la zona, según refiere la resolución.
Lo anterior ya que en junio de 2022 dos sacerdotes fueron asesinados en el interior de la iglesia, por parte de un presunto líder delincuencia, lo que consideran desató un contexto de estigmatización y deslegitimación a los beneficiarios tras sus denuncias y actuaciones ligadas a la investigación por el asesinato de los sacerdotes jesuitas.
La CIDH reconoció las dificultades geográficas que se presentarían al momento de implementar medidas de seguridad más inmediatas, sin embargo, consideraron que no se estaría implementando un esquema de seguridad idóneo y efectivo para proteger a las once personas de la comunidad jesuita.
"Considerando el contexto de violencia e inseguridad que afecta especialmente a los habitantes de la región de Tarahumara, la CIDH consideró que las personas beneficiarias se encuentran prima facie en una situación de gravedad y urgencia como consecuencia de las amenazas y hostigamientos por parte de grupos del crimen organizado, lo que ha puesto en riesgo los derechos a la vida e integridad personal" refiere la Comisión.
Además se solicitó adoptar medidas de protección que permitan a los propuestos beneficiarios continuar realizando sus labores pastorales sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos, actos de violencia en su contra y concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y
De igual forma se solicitó un informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición.
"El otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por parte del Estado de México no constituyen prejuzgamiento alguno de una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables" explica la Comisión.
