Salarios incompletos, pago de prestaciones pendientes, falta de seguridad social, hostigamiento laboral y hasta amenazas de muerte han enfrentado los guardias de seguridad que tienen bajo custodia propiedades incautadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en Chihuahua, según relató una empleada que acudió a esta casa editora.
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Guadalupe Martínez se presentó en esta casa editora para hacer públicas las irregularidades laborales que hasta el momento ha solapado la instancia federal.
Martínez, quien se desempeñó como supervisora, afirma que fue objeto de despido injustificado, a base de acusaciones falsas de robo; tuvo contratos en dos empresas durante su tiempo de relación laboral, donde encabezó vigilancia en casas donde tuvieron lugar masacres e indescriptibles actos sádicos de los miembros del crimen organizado para desaparecer a sus enemigos.
La red de corrupción descrita por la exempleada incluye que la empresa reporta empleados fantasmas en las instalaciones a vigilar, y somete al personal a cobertura de dichos horarios sin pago adicional.
“Yo entré primero como guardia en una casa de la calle Rosetilla, en la colonia Lomas del Santuario, nos dijeron que nos iban a pagar 2,500 de sueldo por quincena y con prestaciones, cosa que nunca sucedió y nos daban $500 o $600 cada quincena que porque apenas estaban arreglando la situación, nos quedamos por necesidad y porque no encontrábamos trabajo en otro lado, nunca nos dieron uniformes ni gafetes”.
Señaló que pasado el tiempo la nombraron supervisora y después coordinadora operativa, durante su experiencia laboral se dio cuenta de la precariedad laboral que sufre el personal de seguridad privada, en casas sin energía eléctrica o servicios sanitarios, sin comida, jornadas extenuantes y el riesgo de sufrir un ataque debido a los antecedentes de las propiedades que guardan en muchos de los casos pertenencias de criminales.
Según lo expuesto por la quejosa, los complejos vulnerables en zonas como Juárez, Cuauhtémoc o Madera son resguardados por una sola persona, quien lleva una alta carga laboral y psicológica, ya que no cuenta con teléfono para solicitar seguridad en caso de alguna incursión de la delincuencia o incluso robos simples, por lo que de suscitarse el hurto de cualquier objeto del inventario tiene que ser cubierto por el guardia que se encuentra desprotegido.
“Siempre había faltantes en los inmuebles y más en El Fresno – corralón de autos- nos llegaron a acusar de ladrones tanto el delegado como la administradora del SAE, nosotros qué íbamos a saber de faltantes si nos entregaban los inmuebles sin hacer ningún inventario”.
Sobre las amenazas de muerte, hay una querella sostenida ante Derechos Humanos por la quejosa en contra de un alto funcionario de la dependencia.
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