Hoy en punto de las 11 horas del día se celebrará la audiencia final en contra del exgobernador César Horacio D. J., quien se encuentra detenido desde hace más de seis meses en Florida, donde se espera que se resuelva la extradición o no hacia la República Mexicana por la investigación que se mantiene en su contra.
El exmandatario, de 57 años, fue detenido el 8 de julio de 2020 en la ciudad de Miami por agentes del Servicio de los Alguaciles Federales (US Marshals Service), acusado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por los delitos de peculado y asociación delictuosa, y ser considerado prófugo de la justicia.
Lo anterior lo confirmó el consejero jurídico Jorge Espinoza Cortés, quien explicó que la nueva fecha la determinó la jueza federal del Distrito Sur de Florida, quien pospuso la audiencia final, tras una petición de la defensa del exgobernador, que ha mantenido una estrategia constante para dilatar el proceso.
Recordó que dicha audiencia había sido programada para realizarse el pasado día 14, sin embargo, al final de cuentas se dieron unas argumentaciones del fiscal de Distrito Sur en Miami, que dieron respuesta a los argumentos que expresó la defensa del exgobernador, en virtud de que habían fijado como fecha límite antes del 14 para hacerlo.
Abundó que la jueza, Lauren Fleischer Louis, consideró darse un tiempo prudente para poder analizar todos esos argumentos expresados y contestados, por lo cual fija esta nueva fecha para que ella pueda tener un conocimiento pleno de las argumentaciones jurídicas que han expuesto las partes en este proceso.
El consejero jurídico del Estado indicó que hay confianza de que se logre un fallo favorable, ya que realmente las argumentaciones finales del fiscal de Distrito son muy contundentes, “nosotros siempre hemos confiado y seguiremos confiando en que se va a conceder la extradición del exgobernador y sea presentado ante los tribunales de Chihuahua”.
De concederse la extradición del exgobernador, sería un lapso de 30 a 60 días para que sea enviado a México y sea entregado a las autoridades para que responda por las investigaciones que le mantiene el estado de Chihuahua por presuntos actos de corrupción.
Como resultado de las investigaciones de la Operación Justicia para Chihuahua, se han obenido 20 órdenes de aprehensión por parte de jueces locales, así como una orden de captura ordenada por un juez federal, a solicitud de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Fiscalía General de la República, donde se le señala por el desvío de recursos para el financiamiento de campañas políticas.
Pasos del juicio de César Horacio
El 12 de septiembre de 2017, el gobierno de Chihuahua entregó ante la entonces Procuraduría General de la República, en la Ciudad de México, los expedientes para la solicitud de detención con fines de extradición del exgobernador, acompañada en ese momento de 10 órdenes de aprehensión en su contra.
El gobernador Javier Corral entregó personalmente cajas con 70 tomos de expedientes y 50 discos compactos con todas y cada una de las carpetas de investigación, así como las pruebas que demuestran la planeación, organización y operación para el desvío y disposición indebida de más de mil millones de pesos.
Tuvieron que pasar más de dos años para que el gobierno federal, a través de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, realizara la petición formal de captura con fines de extradición del exmandatario, toda vez que durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto lo acusaron de obstaculizar la solicitud de muy diversas formas, incluida la inexacta traducción a textos en inglés.
Desde noviembre de 2016, el exgobernador se refugió en Estados Unidos con el fin de eludir cualquier acción judicial en su contra y durante tres años permaneció como prófugo, una vez que la Interpol emitió, en marzo de 2017, una ficha roja para su captura por la orden de aprehensión del fuero federal.
De acuerdo con información de la Cancillería Mexicana, el 27 de diciembre de 2019, México presentó formalmente la solicitud para extraditarlo y el 24 de abril de 2020, el gobierno de Estados Unidos solicitó la orden de arresto.
El 10 de enero de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció durante una gira por Ciudad Juárez, que días atrás el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó al gobierno de México que se había aprobado el procedimiento judicial para entregar al exgobernador de Chihuahua, una vez que se completó la solicitud de detención con fines de extradición.
López Obrador confirmó que la Procuraduría General de la República –ahora Fiscalía– no había realizado bien el procedimiento de extradición del exgobernante, por lo que se repuso completamente la solicitud del gobierno mexicano.
Fue durante el encuentro del mandatario mexicano con el entonces presidente de EU, Donald Trump, en Washington, el 8 de julio de 2020, que se concretó la detención del exmandatario chihuahuense.
El 14 de julio fue presentado, a través de videollamada desde el centro de detención, ante la jueza Lauren F. Louis para comparecer por los cargos por los que es reclamado por la justicia chihuahuense y mexicana.
El exgobernador apareció portando el uniforme de los reos de Miami. En la audiencia fue mostrado un micrófono y un teléfono con el que el indiciado escuchó la traducción de los incidentes.
En la primera cita, los abogados defensores pidieron tiempo a la jueza para preparar las mociones, la primera de ellas para buscar la libertad bajo fianza del acusado.
La jueza federal Lauren F. Louis programó para el 24 de julio la audiencia para resolver el pedido de libertad bajo fianza, pero posteriormente la difirió para el 30 de ese mismo mes, debido a la cantidad de alegatos aportados, tanto por la defensa del acusado, como de la Fiscalía de EU.
El 26 de julio, la Fiscalía de Estados Unidos solicitó a la Corte Federal que negara la libertad bajo fianza al exgobernador al considerarlo “un peligro de fuga o peligro para la comunidad”, de acuerdo con el fiscal Jason Wu.
En la audiencia del 30 de julio, la magistrada del caso le negó el beneficio de libertad bajo fianza y fijó para el 31 de agosto una nueva audiencia de incidencias.
Previo a la nueva cita, el gobierno de Estados Unidos solicitó a la Fiscalía General del Distrito Sur de Florida certificara la extradición del exmandatario chihuahuense, al considerar que la investigación presentada por el fiscal general, César Peniche, reúne “evidencia suficiente que establece causa probable de los delitos por los que se le acusa al exgobernador”.
El 15 de septiembre se desarrolló una audiencia más en la que la jueza federal negó, de manera categórica y definitiva, la libertad bajo fianza al chihuahuense y ordenó que continuara en prisión hasta darse el proceso de extradición.
Consideró infundados los argumentos expresados por la defensa y en cambio consideró la existencia de un elevado riesgo de fuga del chihuahuense.
Luego de los alegatos y mociones presentadas por la Fiscalía de EU y la defensa del acusado, la jueza Lauren F. Louis fijó el 10 de noviembre para realizar la audiencia final para la extradición del exmandatario.
Sin embargo, el 27 de octubre la jueza determinó reprogramar dicha audiencia final para el 14 de enero del 2021, ante una gran cantidad de alegatos de la defensa y las respuestas de tenía que analizar y resolver previamente.
El 18 de noviembre se registró otra audiencia en la que la Fiscalía de EU presentó “argumentación sólida para robustecer la petición de extradición del exgobernador”, en tanto que la defensa aumentó la cantidad de alegatos pero sin contundencia, según indicó el consejero jurídico del Gobierno del Estado de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés.
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